Una de las misivas fue del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. (horizontal-x3)
Una de las misivas fue del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. (Archivo / GFR Media)

La jueza federal Laura Taylor Swain acusó recibo en la noche del jueves de otras cuatro comunicaciones enviadas por ciudadanos, entre ellos un inversionista local que ha perdido dos terceras partes de su sustento desde que el gobierno incumplió con el pago de la deuda pública y una misiva del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá acerca de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“En este mes de julio de 2017, he recibido una reducción de 67% en mis pagos de interés y dividendos en comparación con junio de 2014. Mi ingreso es menos de $2,000. ¿Es esto justo y razonable?”, preguntó el ahorrista local Luis Geigel.

En la escueta carta enviada por correo electrónico ayer, Geigel explicó a la jueza que había leído en la prensa que los retirados del gobierno recibirían una reducción de 10% en sus pensiones, solo en aquellos donde casos donde la pensión del empleado público retirado exceda $2,000 por mes. 

Aquellos jubilados con pensiones más bajas de $2,000 no verían recorte alguno. La premisa parte de la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para cerrar el déficit del gobierno que surgió a principios de año.

“Qué de aquellos retirados (del sector privado) que compraron bonos y fondos mutuos de Puerto Rico para nuestro retiro”, cuestionó Geigel a la jueza Swain.

Geigel escribió a la jueza el mismo día en que El Nuevo Día reportó que la jueza a cargo de los casos de Título III de Puerto Rico había acusado recibido de ocho comunicaciones de bonistas, asesores financieros y un líder comunitario de la zona de Mayagüez, quienes escribieron a la jueza para sugerirle alternativas a la crisis o para que tenga información que le sirva para tomar mejores decisiones a la hora de resolver el caso de bancarrota municipal más grande de la historia estadounidense.

Las cartas a Swain reseñadas por El Nuevo Día, entre las que figura incluso, la carta de una asesora financiera que recomendó bonos de Puerto Rico a sus clientes en Hawái, revelan el amplio impacto que supone la crisis fiscal de Puerto Rico, sea geográficamente como por la diversidad de reclamos ante la jueza.

En el caso de Geigel, particularmente, la misiva evidencia cómo la política adoptada de protección a las pensiones de los trabajadores jubilados en el sector público se ha hecho a costa de miles de jubilados del sector privado, quienes por años prestaron sus ahorros al gobierno a cambio de ciertos intereses y ahora no reciben su principal de vuelta ni los rendimientos prometidos.

En la notificación, se indicó que “la corte no podrá responder individualmente a todos los que han expresado sus pensamientos y preocupaciones”, pero se indica que la corte tiene muy presente “el impacto de la crisis fiscal en las vidas, las instituciones y las expectativas, así como la importancia de los asuntos que ha surgido en estos casos sin precedente”.

La UPR como servicio esencial

En el segundo acuse de recibo de correspondencia por parte de la corte, se da cuenta además del endoso de unas 25,305 personas al pedido del exgobernador Acevedo Vilá para que la UPR sea declarada como un servicio esencial.

Tras los recortes propuestos al presupuesto de la UPR, como parte del cuadre fiscal, el exgobernador lleva una campaña en redes sociales instando a la ciudadanía a que den su apoyo al centro docente. Ello, por ser esta una institución crítica para la formación de los profesionales de la isla.

“La petición le solicita que, si el gobernador y la JSF no actúa, usted considere, en su evaluación de los procedimientos bajo el Título III, la situación única de la UPR y concluya que el plan fiscal no cumple (con la ley federal) PROMESA, porque este no define qué son servicios esenciales”, indicó Acevedo Vilá en su misiva a Swain.

Las otras dos cartas fueron por enviadas por Thomas Cook, vicepresidente de Inversiones de Stifel, Nicolaus & Co. también en Hawái, y Ángel Piñeiro López.

Cook pidió a Swain que no permita a Puerto Rico nombrar a sus clientes como “buitres” o “hedge funds”, pues sus clientes son personas “reales” que ahorraron todas sus vidas, confiaron en que los bonos municipales de obligación generales son “sacrosantos” y ahora viven de ingresos fijos.

Piñeiro López, por su parte, dijo a Swain que la paga que reciban “los fondos buitres” en el proceso de ajuste de deudas refleje el descuento que estos obtuvieron al momento de comprar la deuda de la isla. “De esa forma, todo el mundo contribuirá a la pérdida”, dijo Piñeiro López.


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