Momento en que fue rociada con gas pimienta. (Bloomberg) (semisquare-x3)
Momento en que fue rociada con gas pimienta. (Bloomberg)

La mujer que fue captada en fotografías mientras era rociada con gas pimienta por un policía, durante las manifestaciones del 1 de mayo del año pasado, sometió una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló y los principales funcionarios del componente de seguridad del gobierno.

La demanda fue sometida a través de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que la semana pasada había radicado otro recurso legal a nombre de un vendedor de agua impactado, presuntamente, por balas de goma de la Policía.

En la nueva demanda, Yadira Carrasquillo González se identifica como una veterana de la Guerra en Irak y retirada del Ejército de Estados Unidos.

Alega que cuando los oficiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, intentó escapar pero “ella vio una pared de oficiales de la policía evitando acceso a la avenida Ponce de León en motocicletas y a pie y… a la avenida Roosevelt. Estos oficiales no permitían a las personas escapar del gas”.

“La demandante se sintió desesperada y tratando de irse de la protesta, comenzó a gritar a la policía. La demandante se paró mirando hacia más de 50 oficiales de la policía y comenzó a gritarles que detuvieran el abuso y reconocer que su comportamiento era dañino para la gente de Puerto Rico”, indica la demanda.

Agrega que “la demandante notó que, a su izquierda, un grupo de oficiales de la policía vestidos de verde y altamente armados vinieron hacia ella desde atrás de la pared de policías vestidos de azul que estaban lanzando gases lacrimógenos”.

“Uno de los oficiales vestido de verde la agarró y la empujó. Subsecuentemente, otro oficial vestido de verde le lanzó gas pimienta u otra sustancia química a su cara prolongadamente a una distancia cercana y peligrosa”, relató. “La demandante no podía respirar y sintió quemaduras extremas. Tampoco podía ver”.

Señala que recibió atención médica en una clínica cercana, pero que a “consecuencia de las agresiones, la demandante sufrió lesiones físicas graves y crisis mental que requirió atención médica”.

“Las agresiones contra la demandante renovó el trastorno de estrés postraumático (PTSD) que la demandante había sufrido de su servicio activo en las Fuerzas Armadas”, afirma la demanda.

Además de Rosselló, la demanda incluye al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; el comisionado de la Policía, Henry Escalera; y el coronel ReinaldoBermúdez, el comandante de área de San Juan, Juan Cáceres; y el comandante de incidente Luis Colón, entre otros oficiales de la Uniformada.

Carrasquillo González alega que al momento del incidente otros oficiales “atestiguaron y observaron las aciones ilegales y el comportamiento contra la demandante. En vez de proteger sus derechos constitucionales, los oficiales de la policía participando en la operación apoyaron, condonaron y avalaron el comportamiento fuera de ley y criminal perpetrado contra la demandante”.

Además, en la demanda de la ACLU denuncia que la Policía intentó ocultar lo sucedido al someter “informes falsos y realizaron declaraciones falsas para justificar fraudulentamente el uso excesivo de la fuerza”.

Agrega que Carrasquillo González sometió una querella administrativa, que fue desestimada según le informó una carta que recibió de la Policía el 28 de marzo pasado.

La ACLU solicita en la demanda que el Tribunal Federal emita una declaratoria sumaria de que “las acciones y/o las omisiones de los demandados violaron Primera, Cuarta y Catorceava enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico… y chocan con el acuerdo para la Reforma de la Policía en un acuerdo entre el gobierno puertorriqueño y el Departamento de Justicia federal.

También pide que el interdicto preliminar y permanente sea emitido para “prohibir que los demandados y oficiales de la Policía vuelvan a incurrir en esta conducta ilegal e inconstitucional”.

Asimismo, solicita al tribunal que ordene el gobierno de Puerto Rico negociar una enmienda a la Reforma de la Policía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer un mecanismo de supervisión civil independiente que permita “la participación de ciudadanos supervisar las prácticas policiacas, como se ha establecido en muchos acuerdos de reformas policiacas en Estados Unidos”.

Para el demandante, la ACLU reclama una compensación que sea determinada por el mismo tribunal de acuerdo con la evidencia que sea presentada al jurado si el caso llegara a juicio.

De igual manera, solicita que se impongan penalidades en contra de los demandados en una cantidad determinada por un jurado.

Este y otros incidentes de uso de fuerza fueron señalados por el informe del monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, quien presentó los hallazgos al Tribunal Federal en diciembre del año pasado.

En relación a esos señalamientos, Escalera recordó ayer que en aquella vista de diciembre el juez federal Gustavo Gelpí “felicitó a la Policía” por la manera en que manejó la situación.

La Policía se ha defendido de los hallazgos, asegurando que trató de permitirle a los manifestantes que se expresaran, pero que usaron la fuerza ante los daños a la propiedad y las agresiones que recibieron los oficiales.

Las demandas tenían que ser radicados antes de mañana, 1 de mayo, debido a que tal reclamo tiene un año para ser presentado ante el tribunal, explicó Ramírez.


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