Héctor O'Neill, exalcalde de Guaynabo.

El juez federal Raúl Arias Marxuach determinó ayer, jueves, que son inadmisibles cuatro piezas de evidencia que el Municipio de Guaynabo y el hijo del exalcalde, Héctor O'Neill Rosa, pretendían usar para defenderse de una demanda por daño emocional por un alegado patrón de acoso sexual.

Las partes notificaron hoy, viernes, al juez que están negociando fuera del Tribunal para transar la demanda presentada por una exempleada de la división legal del ayuntamiento, por daños emocionales ascendentes a $300,000. Aún no han alcanzado un acuerdo sobre la cifra de la compensación. 

Arias Marxuach les concedió hasta el próximo miércoles, para notificar si alcanzaron un acuerdo. De lo contrario, seguirán con el juicio por jurado pautado para este mes.

El juez federal falló en contra del municipio y de O'Neill Rosa con respecto a cuatro piezas de evidencia que pretendían usar para desacreditar los reclamos de la alegada víctima. La orden excluyó tanto el testimonio e informe de una psiquiatra en calidad de experta, como referencias a evaluaciones de desempeño desaparecidas, a conducta sexual previa y a un reclamo anterior que presentó la demandante en su etapa como estudiante.

"El informe (de la psiquiatra) invade la jurisdicción del Tribunal al profundizar sobre estándares legales e invade la jurisdicción del jurado sobre la credibilidad de la demandante", indicó el juez en la orden que emitió ayer a las 6:00 p.m.

Agregó que el diagnóstico de la doctora Cynthia Casanova Pelosi de que la ansiedad y depresión de la demandante "fue causada por esencialmente, cualquier otro problema laboral en lugar del acoso sexual", "carece de sentido común y de la metodología confiable requerida" para ser admitida como evidencia.

El municipio tampoco podrá mencionar las evaluaciones de desempeño, luego de que el juez encontró que incumplieron con su deber de preservar estos documentos y, por ende, se dispuso de la evidencia.

La sanción por disponer de la evidencia les "prohíbe reforzar su testimonio invocando documentos, que el municipio perdió pese a que tenía el deber de conservar".

Los supervisores de la demandante podrán testificar sobre el desempeño de ella en su trabajo, pero sin hacer referencia a las evaluaciones desaparecidas.

De otro lado, la alegada víctima objetó que se pretenda traer a colación su estatus de madre soltera de un niño de 11 años como evidencia de conducta sexual previa. El juez les dio la razón a los argumentos planteados por sus abogados José Quetglas y Pedro Vázquez, por violar la regla de evidencia 412, que dicta como inadmisible hablar de otras conductas sexuales o de la predisposición de la alegada víctima.

Determinó que era inadmisible también una demanda previa que había presentado la mujer contra su director de tesis cuando estudiaba derecho, y la cual se transó fuera del tribunal.  

Por otro lado, el juez permitió que el director de Recursos Humanos del municipio, Eduardo Faria, hable sobre una supuesta relación romántica que tuvo con la demandante, con el objetivo de determinar si le notificó del acoso sexual por parte de O'Neill Rosa y falló en actuar como la demandante alega. 

Arias Marxuach consideró que la supuesta relación romántica es relevante porque puede abordar el "hecho de consecuencia" sobre si el municipio conocía del alegado acoso. 

Este caso continuará el 16 de octubre, con la conferencia previo al juicio. La exempleada de la división legal del municipio contará con cinco testigos de hecho y un psiquiatra experto, mientras que los demandados enumeraron 19 testigos, según el memorando preliminar estipulado por las partes.

El juez orientó a los abogados de los demandados a reducir su lista de testigos, por posible duplicidad y evidencia acumulativa, en cuyo caso él intervendrá a su discreción. "No quieren estar en el lado equivocado del jurado porque los aburrieron hasta la muerte", recordó con simpatía.


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