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Buscan identificar a los cientos o miles de estudiantes y familiares a quienes el Estado tendría que indemnizar por los daños y perjuicios. (GFR Media)

En una sala del Tribunal de San Juan, esta semana se alcanzó un peldaño que adelanta la lucha de los estudiantes de educación especial.

El gobierno y los abogados de los demandantes del pleito Rosa Lydia Vélez, incoado hace casi cuatro décadas, acordaron publicar un edicto que ayudará a identificar a los cientos o miles de estudiantes y familiares a quienes el Estado tendría que indemnizar por los daños y perjuicios sufridos por las deficiencias en los servicios de Educación Especial.

Ante la jueza María Cabrera Torres, los abogados José Juan Nazario de la Rosa, Carlos Gómez Menéndez y José Edgardo Torres Valentín y el abogado del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés acordaron que cuatro edictos publicarán entre el 14 de agosto y el 30 septiembre en los tres diarios del País. Durante ese periodo se publicarán cuñas radiales con un resumen del edicto en varias emisoras de alcance nacional.

El edicto también se colgará en los tablones de información en las escuelas públicas, del 15 de agosto hasta el 31 de octubre.

La publicación del edicto y las pautas radiales se sufragarán con el dinero depositado en el Tribunal de San Juan por concepto de las multas que paga el Departamento de Educación por no ofrecer servicios educativos adecuados a los estudiantes de educación especial. 

Por ello, la jueza Cabrera Torres destinó una partida de $48,000 que se dividirá a partes iguales entre los edictos impresos y los anuncios de radio.

Al inicio de la audiencia, el comisionado especial Carlos Rivera Martínez informó los últimos cambios que se incorporaron al texto del edicto y los abogados debatieron sobre el costo de la campaña de medios.

A partir de la primera publicación del edicto, los potenciales demandantes tendrán hasta el 31 de octubre para cumplimentar un formulario que harán llegar a la dirección postal de la oficina del Comisionado Especial.

Concluido ese proceso, el comisionado especial tendrá 30 días para someter un informe donde indicará si los nuevos demandantes serán representados por abogados privados o por los abogados que incoaron la demanda original.

También recomendará la forma en que podrían agruparse los reclamos, que se atenderán en vistas porque el caso de daños no se certificó como una demanda de clase.

El licenciado Torres Valentín explicó a El Nuevo Día que hay unos 130,000 estudiantes registrados en el programa de Educación Especial.

Indicó que los potenciales demandantes podrían reclamar daños que oscilan entre un tope máximo de $75,000 por persona o $150,000 por familia.

“El edicto es importante para los miembros de la clase, que son todos los niños y niñas registrados en el programa de educación especial, sus madres, padres y encargados, porque es el aviso que el tribunal emite para abrir las puertas por un periodo de tiempo limitado, hasta el 31 de octubre de 2016, para que inicien el proceso de reclamación de daños”, apuntó.

“Toda persona que le diga al tribunal 'que yo sufrí daños' puede participar y adjudicar su caso a través del caso de Rosa Lydia Vélez sin necesariamente presentar una demanda separada, puede comparecer con su abogado e insertarse en el proceso”, agregó Torres Valentín.

Como el Estado admitió la negligencia, los demandantes solo tendrán que probar los daños provocados por la acción negligente y el nexo causal entre el daño y la negligencia. 

Torres Valentín ofreció como ejemplo el caso de un estudiante de educación especial que tenía derecho a recibir terapias sicológicas por su diagnóstico. Pero que por no recibir ese servicio su condición se agudizó y reprobó el grado.

Una vez culmine el proceso de identificación de los demandantes, las vistas en su fondo podrían iniciar en el primer trimestre del próximo año.


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