Ramón Luis Rodríguez Ruiz, el exlegislador penepé. (semisquare-x3)
Ramón Luis Rodríguez Ruiz, el exlegislador penepé. (Gerald López Cepero)

El juez Rafael Taboas Dávila pautó hoy para el 12 y 15 de febrero el inicio de la vista preliminar por presuntos actos de corrupción contra el exlegislador penepé Ramón Luis Rodríguez Ruiz y su exdirectora de su oficina Soniel Torres Suárez.

En una vista de estado de los procedimientos efectuada hoy en el Tribunal de San Juan, los equipos legales tanto de la defensa como del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) acordaron reunirse el 18 de diciembre en las oficinas de esta dependencia para continuar evaluando documentos que puedan ser estipulados de cara al inicio de la vista preliminar.

"Es una serie de documentos que van a presentar y para el ahorro procesal del caso, se puede determinar que son auténticos y se pueden pasar en evidencia", dijo a la prensa al salir de sala Mario Moczó, quien encabeza la defensa de Torres Suárez.

El fiscal Guillermo Garau recordó que solamente la transcripción de las vistas de ética en la Cámara de Representantes representa sobre 1,000 páginas de testimonio.

"Hay mucha prueba documental", dijo Garau, al también referirse a récords médicos, certificaciones laborales de la Cámara de Representantes y documentos que recogen la solicitud de fondos de organizaciones sin fines de lucro a ese cuerpo legislativo y documentos en poder de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). 

El 28 de septiembre, el juez José Parés encontró causa para el arresto tanto de Rodríguez Ruiz como de Torres Suárez. Ambos estuvieron presentes en la vista de hoy, pero no hicieron declaraciones a la prensa.

Parés encontró causa contra ambos por el delito de fraude en concierto y común acuerdo. Contra Rodríguez Ruiz también se presentó otro cargo por interferencia indebida en operaciones gubernamentales.

Torres Suárez enfrenta, además del cargo de fraude, dos cargos por perjurio, tres cargos por malversación de fondos públicos, tres cargos por falsificación ideológica y un cargo por fraude o engaño a testigo.

La prueba está en manos de los fiscales Garau, Cándida Sellés y Manuel Núñez Corrada, todos del PFEI.

La conducta presuntamente ilegal contra Rodríguez Ruiz emana de sus supuestos intentos de intervenir con oficiales de la Cámara de Representantes para obtener donativos legislativos para dos corporaciones sin fines del lucro creadas en su oficina legislativa. Relacionado a la misma conducta se le imputa el cargo de fraude.

Torres Suárez enfrenta dos cargos de perjurio por supuestamente mentir ante la Comisión de Ética de la Cámara y ante un notario público sobre un incidente de violencia doméstica en que Rodríguez Ruiz supuestamente la agredió en el rostro.

Los tres cargos de falsificación ideológica están relacionados a cómo ella preparó, según los fiscales, facturas falsas de trabajo realizado a nombre de un empleado fantasma, Gabriel Rivera González, en la oficina de Rodríguez Ruiz. Este individuo, al mismo tiempo en que, legadamente trabajaba en la Cámara, tenía un trabajo a tiempo completo en un Colegio de Guayama.

Los tres cargos por malversación de fondos públicos tienen que ver con los $6,000 que cobró ese empleado fantasma sin trabajar. El Nuevo Día supo que este empleado recibió inmunidad del PFEI.

El décimo cargo contra Torres Suárez guarda relación a cómo trató de influenciar el testimonio de Rivera González en el Departamento de Justicia.


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