Piden a la jueza Swain que imparta justicia (horizontal-x3)
La jueza Laura Taylor Swain atiende los casos de quiebra territorial bajo el Título III de la Ley PROMESA. (Archivo / GFR Media)

“Honorable Jueza Laura Swain:

Le escribo hoy porque necesito su ayuda. Yo y mi esposa somos dueños de bonos de Puerto Rico y en este momento no se nos está pagando el interés sobre esos bonos. Necesitamos ese dinero para vivir. Tengo 90 años y mi esposa 88. Vivimos del Seguro Social. No vamos a Las Vegas, no vamos de vacaciones. Solo vivimos tranquilamente en nuestro hogar. No pedimos mucho, solo que nos ayude a cobrar nuestros intereses por los bonos de Puerto Rico.

Pagué por esos bonos de buena fe. ¿Sin confianza y buena fe en sus obligaciones para pagar el interés, cómo ellos (Puerto Rico) podrán tomar más dinero prestado para los proyectos que necesitan?

Amo a Puerto Rico. Mi familia está llena de descendientes de Puerto Rico y algunos de ellos tienen bonos de Puerto Rico. No somos ricos de ninguna manera. Cualquier ayuda que pueda darnos será apreciada.

Gracias vuestro honor”.

Esa es la carta de Albert S. Ferrandi, una de ocho que le han escrito ciudadanos y entidades a la jueza de distrito federal Swain, quien tiene a su cargo los casos de Título III de Puerto Rico, con la expectativa de que la jurista acoja sus reclamos o considere sus propuestas para resolver el caso de bancarrota gubernamental más grande y complejo en la historia estadounidense.

Esta semana, la corte federal acusó recibo de las cartas a Swain incluyéndolas en el expediente del caso que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) inició el pasado 3 de mayo. Entonces, la JSF solicitó la protección del Título III de la ley federal PROMESA para el gobierno central.

Las comunicaciones recibidas por Swain -algunas escritas a mano y otras producidas en un ordenador- tienen fechas distintas entre el 23 de mayo y 30 de junio, según la notificación de la corte. Se desconoce si Swain ha contestado las cartas.

Además de Ferrandi, también escribieron: Heraclio A. Amadeo Lopategui, un ingeniero retirado de 79 años; el contador público autorizado Eduardo A. Nin; el pequeño empresario Jerome E. Firsty, quien se describe como un veterano de guerra de 82 años que ha vivido en Puerto Rico por 55 y Carlos Sumpter.

Swain también ha recibido cartas de la asesora financiera Lila Marantz, quien recomendó la compra de bonos de Puerto Rico a sus clientes en Hawái y la decana interina de Asuntos Académicos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla, Evelyn E. González García, quien cursó copia de una resolución que pide que el centro docente se considere un servicio esencial y sea parte de los casos de Título III. Completa la lista Felipe A. Morales Nieves, presidente del Movimiento de Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste (Mmpdo).

Las cartas a Swain ofrecen un vistazo de cómo la crisis fiscal de Puerto Rico ha afectado a personas en y fuera de la isla y la expectativa ciudadana de que la RamaJudicial federal pueda resolver lo que antes no pudieron hacer el gobierno puertorriqueño, el Congreso estadounidense y la Casa Blanca.

Una de las cartas, por ejemplo, pide examinar la existencia de conflictos de interés en la JSF. Otra reclama auditar la deuda pública y una tercera alega que el gobierno federal es responsable de la crisis. Los remitentes también hacen planteamientos hasta ahora poco discutidos, como la posibilidad de que el gobierno federal esté obligado a pagar la deuda de Puerto Rico y la necesidad de adoptar un mecanismo para que los llamados “fondos buitres” no reciban ganancias a costa de las pérdidas de los individuos que prestaron a Puerto Rico.

Un poquito de todo

“El poder vertical de Wall Street sobre nuestro sistema de balances entre las ramas de gobierno está causando muerte prematura en Puerto Rico. La muerte prematura no es de Dios”, reza la escueta carta de Sumpter, escrita en una hoja que lleva al pie el nombre de El San Juan Hotel.

Una búsqueda de El Nuevo Día en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado reveló que, en 2010, se registró una corporación bajo el nombre de Ministerio Sumpter en Cabo Rojo para ayudar “al tercer sector a través de la enseñanza del evangelio cristiano”.

Por su parte, Firsty, un veterano de 82 años, se hizo disponible a la jueza relatando que es posible que ella conozca a uno de sus compañeros de estudio de la infancia en el Bronx y ahora juez, Alvin K. Helerstein. El hombre que, aneja unas dos cartas a la suya, se identifica como un pequeño comerciante y dice haber interactuado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mientras este se ejercitaba en el gimnasio del hotel Caribe Hilton. Allí, alega el hombre, entregó una carta con propuestas al mandatario de la que todavía no ha recibido respuesta.

Preocupación en Hawái

“Mis clientes son retirados, individuos y, generalmente, inversionistas de clase media. Ninguno de nosotros somos operadores o dueños de hedge funds”, escribió Marantz. Según el registro de la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra), Marantz lleva unos 28 años ofreciendo asesoría en inversiones sin enfrentar reclamaciones de sus clientes.

La asesora financiera, quien forma parte de la firma Stifel, Nicolaus & Co. en Hawái, dijo a Swain que si se permite a Puerto Rico incumplir con el pago de la deuda, tocaría al gobierno estadounidense honrar esa obligación, pues este tiene “una responsabilidad” con el territorio de Puerto Rico.

“Mientras decide el resultado fiscal de Puerto Rico, tome en consideración que Puerto Rico ofreció estos bonos como deuda primera y principal”, escribió Marantz en alusión a las obligaciones generales de Puerto Rico, para luego despedirse de Swain con un “Aloha”.

Conflicto de interés

Mientras, Amadeo Lopategui, quien cree que debe revisarse la triple exención contributiva que tiene la isla, escribió a Swain para hacerle llegar copia del reporte “Piratas del Caribe”. El análisis de la organización Hedge Clippers imputa a Grupo Santander y a los directivos José R. González y Carlos M. García ser parte de un esquema que enriqueció a la institución, al ésta gestionar las emisiones de bonos del gobierno con tasas de usura mientras llevó a la ruina a Puerto Rico. González y García han rechazado los señalamientos de la entidad.

De acuerdo con Amadeo Lopategui, la falta de reglamentación por parte de la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, en inglés) convirtió a Puerto Rico en “presa” de “una avaricia imparable” de parte de inversionistas.

Los “buitres”

“Si se necesitan recortes, y estoy de acuerdo en que probablemente lo son, el balance del préstamo a pagarse debe distribuirse basado en sus inversiones originales”, dijo Nin.

Para Nin, no sería “justo” pagar ganancias a inversionistas “buitres” que compraron la deuda de la isla con grandes descuentos, a costa de que los individuos que compraron los bonos según el valor inicial reciban pérdidas.

En la carta, el contador público explicó a Swain que si un fondo especulativo compró su inversión con descuento y recibe un recorte al principal, este todavía ganaría dinero. Mientras, el individuo que pagó el valor inicial del bono experimentaría pérdidas.

“Todo lo que pido es que le dé consideración a la posible solución más equitativa y considere las posiciones de los acreedores individuales cuando considere su propuesta”, dijo Nin, quien posee Bonos de Obligaciones de Pensiones y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Hora de auditar

En tanto, el líder del Mmpdo, organización que agrupa unas 21 entidades profesionales y sin fines de lucro en la zona oeste de la isla, escribió a Swain para ofrecerle a la jueza una perspectiva de Puerto Rico distinta a la que ofrece “la élite poderosa en San Juan”.

Según Morales Nieves, por causa de las decisiones de quienes viven en la zona metropolitana, específicamente en Guaynabo, “donde residen los guaynabitos”, Porta del Sol es la única región de la Isla que carece de autopistas, de un plan económico y no tiene acceso cercano a un hospital de trauma.

“Desde nuestro punto de vista, la razón para auditar la deuda es para cuantificar la cantidad que cada región ha contribuido a esa deuda, especialmente en proyectos de infraestructura”, escribió Morales Nieves en referencia al Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones, represas y el tren urbano.


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