Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

 (horizontal-x3)
Otro programa cuya expansión se detendría sería la de las salas especializadas de salud mental. (GFR Media)

La sala especializada de violencia doméstica en Carolina inaugurada esta mañana en el centro judicial de la región podría ser la última en ser estrenada a corto plazo si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impone su propio presupuesto, que en el caso de la Rama Judicial implica un recorte de $15 millones sobre el vigente.

Así lo advirtió esta mañana la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, tras participar en la ceremonia de inauguración de la sala, que se convierte en la séptima en ser habilitada, uniéndose a San Juan, Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, y Utuado. En Aguadilla y Guayama se ejecuta un programa que atienden casos de violencia de género, pero a menor escala.

Cada una de estas salas, donde se le brinda un servicio más personalizado y sensible a la parte peticionaria, conlleva un gasto anual de $400,000. A pesar del recorte, Oronoz y Sigfrido Steidel, administrador de la Oficina de la Administración de Tribnales (OAT), indicaron que se identificarán los fondos para su funcionamiento.

Ahora, con el recorte anticipado, las cuatro regiones que no cuentan con estas salas: Aibonito, Humacao, Ponce y Arecibo tendrán que esperar.

“Se afectan (con el recorte) programas como este. Son salas que no vamos a poder habilitar. Abrir una sala de violencia domestica tiene un costo para la rama y es parte de los servicios a la ciudadanía que se van a afectar”, dijo Oronoz.

Otro programa cuya expansión se detendría sería la de las salas especializadas de salud mental. Apenas hay dos: San Juan y Mayagüez.

“Quisiéramos abrir una sala en cada región y sin duda ese plan se afecta cuando el presupuesto se disminuye por $15 millones. Son proyectos como este los que se van hacer más difícil en implantar”, dijo Oronoz al revelar que las conversaciones entre la OAT y la JSF continúan.

No quiso contestar si procuraría una reunión con miembros del ente fiscal a raíz del tranque en la Legislatura.

“Estamos a la espara de cuál va a ser el presupuesto”, dijo.

Según Steidel, en la rama judicial se han ahorrado $72 millones en los pasados cuatro años, cuando se han congelado 855 plazas vacantes.

Otro reglón afectado por los cierres es la incapacidad de la OAT para reclutar trabajadores sociales. En esa clasificación laboral, el 20% de las plazas están vacantes.

“Es un área fundamental. Los procesos de menores necesitan un trabajador social para realizar los informes y sin esos informes, el juez no puede tomar una determinación. Al haber menos trabajadores sociales, se dilatan los procesos, dijo Oronoz.


💬Ver 0 comentarios