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La Asociación de Industriales de Puerto Rico presentó una demanda para que se le aclare al país si el acuerdo de la Autoridad de EnergíaEléctrica (AEE) con sus acreedores, contraviene el marco regulatorio y la nueva política energética establecida en la Ley 17 firmada en días recientes.

El recurso judicial argumenta que los miembros de la entidad empresarial deben tener un nivel adecuado de certeza que les permita determinar la viabilidad de realizar inversiones en sistemas alternos de producción de energía; así como realizar una planificación relativa a sus costos operacionales a mediano y largo plazo.

Se reclama que se aclare específicamente si el Negociado de Energía, la AEE, así como cualquier sucesor o cesionario de esta o cualquier operador privado de cualquier sistema de distribución o generación de electricidad en Puerto Rico, puede “imponer, fijar, decretar o requerir el pago de cualquier cargo adicional a los prosumidores y/o industrias o comercios operadores de sistemas de generación propios o en microredes, que generen su propia energía detrás del metro de la AEE”.

También se solicita aclaración sobre si, de acuerdo a lo establecido en la mencionada Ley 17-2019, la adopción de cualquier tarifa por el Negociado de Energía deba promover la generación por consumidores residenciales, comerciales e industriales de energía eléctrica detrás del contador de la AEE (“behind-the-meter”) y que la definición del término “promover” incluye el no imponer ningún cargo, costo, restricción o limitación irrazonable a la energía así generada.  

En el recurso se solicita al tribunal que ordene una vista rápida, para ventilar el presente recurso, dándole preferencia en el calendario.

La Asociación de Industriales informó además que ayer su presidente, Rodrigo Masses, envió una comunicación a los Comisionados del Negociado de Energía donde les solicita una expresión en torno a la Política Energética de Puerto Rico con el objetivo de comenzar el proceso para presentar un mandamus la semana próxima requiriendo a dicho Negociado que ejerza los deberes que requiere su cargo.

Reitera la comunicación que la organización considera que el factor energético es de vital importancia para el mantenimiento y desarrollo futuro del sector de la manufactura en Puerto Rico.

“Las disposiciones legales vigentes reflejan la adopción de una política pública energética encaminada al fomento del uso, no solo de la energía proveniente de fuentes renovables, sino de todo esfuerzo del consumidor residencial, comercial e industrial para tomar en sus manos el control del factor del costo energético mediante la generación de su propia energía eléctrica”, señala.

Las áreas en las que se solicita el comentario a los comisionados del Negociado son si harán valer las prerrogativas y deberes de ese organismo de garantizar a los consumidores de energía eléctrica clientes de la AEE la oportunidad de participar en un proceso tarifario adversativo, ante cualquier cargo solicitado por la AEE.

También si harán valer las disposiciones de la Ley 17 de que ningún cargo puede gravar la energía que el propio consumidor o prosumidor de energía eléctrica haya generado detrás del metro de la AEE con sus propios equipos.

Le concede cinco días para responder a la solicitud de aclaración, antes de presentar el recurso de mandamus.


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