El funcionario quedó libre bajo fianza luego de prestar unos $5,000. (GFR Media)

El Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Justicia informaron la radicación de cargos contra un comandante, adscrito al área policiaca de San Juan, que, presuntamente, utilizó la tarjeta de gasolina, que se le asigna a los vehículos gubernamentales, para su beneficio personal.

El caso fue llevado por el Teniente Michael Mitchells Amaro en unión a la fiscal Karla Pacheco, ante la Jueza Miriam López quien encontró causa para arresto contra Efraín Pérez Maldonado por violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y violación al artículo 252 del Código Penal, Aprovechamiento Ilícito de su cargo.

Contra Pérez Maldonado se fijó una fianza de $5,000, la cual cual prestó.

Según se desprende de la investigación, el funcionario utilizó la tarjeta de gasolina asignada para la flota de vehículos oficiales del Negociado, para llenar dos recipientes para almacenar gasolina. La compra ocurrió el 25 de septiembre de 2017 y estuvo valorada en $68.00.

"Como comisionado no permitiré actos ilegales que menoscaben las Leyes y el Reglamento de Personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El uso de tarjetas de la flota gubernamental es única y exclusivamente para sufragar el pago de gasolina de vehículos oficiales. Los fondos públicos deben ser utilizados con responsabilidad y prudencia, de acuerdo a los estándares establecidos y únicamente para asuntos oficiales que redunden en beneficio para la ciudadanía", enfatizó el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera.

El comisionado explicó que Pérez Maldonado trabaja en el Negociado hace 28 años y se encuentra fuera de la agencia en una licencia sin sueldo desde marzo 2019.

Por su parte, la fiscal Pacheco indicó que "el servicio público  consiste en ser personas de principios bajo un compromiso personal con la honestidad, la franqueza y la justicia. Bajo ningún concepto toleraremos la falta de integridad y ética laboral de nuestros empleados públicos".

Una vez el proceso se dilucide en el Tribunal y haya una conclusión final y firme, se tomarán las medidas necesarias, según establecen los reglamentos de la Policía.

"Bajo ningún concepto toleramos la utilización de recursos públicos para el beneficio de cualquier persona, máxime cuando estos hechos ocurren en momentos en quela ciudadanía sufría tras el impacto del huracán María. Lamentamos profundamente esta situación que lacera la imagen del Negociado de la Policía y rechazamos cualquier conducta que empañe el buen nombre de los hombres y mujeres que diariamente arriesgan sus vidas para proteger al pueblo puertorriqueño", concluyó el comisionado.


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