Ramón Orta había sostenido su inocencia desde que fue arrestado y acusado en el 2017.

El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) bajo el gobernador Alejandro García Padilla, Ramón Orta Rodríguez, anticipó hoy, martes, que se declarará culpable de cargos por corrupción pública, antes de enfrentar juicio este mes.

A través de su abogado Francisco Rebollo Casalduc, Orta Rodríguez solicitó una vista, que se llevará a cabo mañana a las 2:00 de la tarde en el Tribunal Federal, para un de cambio de declaración ante el juez Pedro Delgado. El comienzo del juicio contra el exsecretario del DRD estaba pautado para el próximo 21 de octubre.

Las acusaciones contra Orta Rodríguez se remontan al 21 de junio de 2017, cuando fue arrestado por una acusación relacionada a un supuesto esquema de fraude con dinero público. El exfuncionario natural de Patillas enfrenta acusaciones por un alegado esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones.

Orta Rodríguez había rechazado una oferta para declararse culpable. Su abogado dijo el pasado año que su cliente mantenía su reclamo de inocencia “desde el primer día, hasta el día de hoy y el 1 de octubre aquí estaremos”. La fecha para el inicio del juicio se había pautado inicialmente para esta fecha.

Según la acusación, el esquema consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD.

De los siete coacusados, Orta Rodríguez es el único que no se ha declarado culpable.

Los coacusados y el esquema de corrupción

El primer coacusado en declararse culpable fue Edgardo Vázquez Morales, precisamente el ayudante especial de Orta Rodríguez, quien se declaró culpable el 13 de febrero de 2018 de los cargos de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense y soborno relacionado con programas recipientes de fondos federales.

Asimismo, el coacusado Irving Riquel Torres Rodríguez también llegó a un acuerdo con Fiscalía federal, representada por Seth Erbe.

Según la investigación, el esquema de enriquecimiento ilícito consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD. Todos los empresarios que encabezaban las compañías que supuestamente se lucraron del esquema o que incurrieron en actos ilícitos, se han declarado culpables.

Torres Rodríguez, a través de su compañía Administrative Environmental and Sports Consultants (AESC), tuvo un contrato con Orta Rodríguez de servicios profesionales para consultoría de propuestas, valorado en $11,700. Sin embargo, según se deriva de la investigación, la corporación con fines de lucro recibió $554,246.89 producto del esquema.

Juan Carlos Ortiz Nieves, fundador de Sports Consultants, también se declaró culpable de haber sobornado a los dos funcionarios públicos, ofreciéndoles pagos en efectivos a cambio del arrendamiento de una propiedad en Guayama a precio inflado.

A inicios de este año, la esposa de Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, cambió su alegato de culpabilidad en una vista sellada.

Anteriormente, tanto Miguel Sosa Suárez -fundador de Global Sports Initiative-, como Oscar Rodríguez Torres -fundador de Rosso Group-, se declararon culpables de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.

Sosa Suárez estuvo a cargo de operaciones de campo de la campaña de David Bernier, aspirante a la gobernación en el 2016 por el Partido Popular Democrático.

De acuerdo con el pliego acusatorio, entre noviembre y diciembre de 2012, los coconspiradores se reunieron en la casa de Isla Verde de Torres Rodríguez para discutir proyectos de Educación y acordaron que Amador López se encargaría de crear propuestas a nombre del DRD para someterle a la agencia educativa.

En caso de que las propuestas se aprobaran, Torres Rodríguez y Amador López administrarían el proyecto, Rodríguez Torres lo financiaría, Sosa Suárez administraría el presupuesto y la contabilidad, y se dividirían las ganancias entre los tres. En efecto, se llegaron a firmar varios acuerdos interagenciales.

Surge de la acusación que Orta utilizó su puesto para beneficiar a las corporaciones creadas por los coacusados, otorgándoles contratos sin que mediaran los debidos procesos de licitación y, a cambio, recibió pagos en efectivo, además de arreglos en su residencia y pagos asociados con viajes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y los Juegos Panamericanos del 2015.


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