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Ramón Luis Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes el 15 de febrero. (horizontal-x3)
Ramón Luis Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes el 15 de febrero. (GFR Media)

El exrepresentante novoprogresista Ramón Luis Rodríguez Ruiz presentó un recurso legal para recuperar su escaño, el que perdió el pasado 15 de febrero tras ser expulsado del cuerpo legislativo en medio de un juicio político por un supuesto caso de violencia de género.

Se trata de un mandamus presentado el viernes por su representación legal, los abogados Rubén Nigaglioni y Luis Noel Rodríguez Ruiz, este último su hermano. En el mandamus se incluyen como demandados al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, el representante José Banchs, quien preside la Comisión de Ética, y otros funcionarios del cuerpo legislativos como la secretaria, Elizabeth Stewart y el sargento de armas, Henry Taboada.

En el recurso legal se establece que Méndez presentó una querella ética contra Rodríguez Ruiz tras la publicación de un informe del investigador y exfiscal Ernie Cabán, contratado por el presidente cameral para investigar al legislador por el distrito 27, tras el incidente de violencia de género que involucró a la directora de su oficina de distrito, Soniel Torres Suárez. Los abogados sostienen que Méndez sometió la querella sin tener “personal y propio conocimiento” del contenido del documento.

Esta acción, todo el proceso ético que consistió en múltiples entrevistas y la celebración de dos vistas a puerta cerrada constituyen un proceso inconstitucional y violenta el debido proceso de ley, reza el escrito.

Específicamente, recuerdan los abogados que el reglamento de la Comisión de Ética de la Cámara dispone que el querellado, en este caso Rodríguez Ruiz, tenía que ser avisado de la celebración de la primera vista evidenciaría con al menos 10 días laborales de anticipación y, según el escrito, se le notificó ocho días laborales antes. En el caso de la segunda vista evidenciaria, el reglamento dispone cinco días laborables como plazo mínimo para la notificación y se le avisó mediante correo electrónico dos días laborables antes.

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“(Esto) constituye una clara inobservancia del reglamento de la comisión”, lee el escrito donde se argumenta que estas presuntas violaciones al reglamento de la comisión también anularon el proceso del juicio político celebrado el 15 de febrero en el hemiciclo de la Cámara.

En el escrito también se sostiene que existen dos tipos de querellas que pueden ser presentadas ante la Comisión de Ética: aquellas en el que el querellante tiene personal y propio conocimiento de los hechos y aquellas en las que no. La querella contra Rodríguez Ruiz se ubica en la segunda categoría y debía ser fundamentada, reza el escrito, por “evidencia debidamente obtenida”. Argumentan los abogados que Méndez no tenía la autoridad de ordenar la investigación exparte contra Rodríguez Ruiz, y que fue realizada por Cabán, antes de haber radicado primero la querella ética.

La investigación solicitada a Cabán, pagada con fondos públicos, fue ordenada en noviembre y la querella presentada en diciembre.

Por lo tanto, la “evidencia” utilizada para radicar la querella, entiéndase el informe de Cabán, no fue “debidamente obtenida”, según los abogados, quienes también sostienen que iniciar una investigación contra un representante no se encuentra entre las facultades del presidente, según se establece en el reglamento de la Cámara.

De inmediato, Méndez replicó que "no pierdo mi tiempo en esto, habiendo tantos asuntos importantes en el país. Él tuvo su oportunidad del debido proceso de ley ante la Comisión de Ética de la Cámara y en el floor y perdió su tiempo para invocarlo ahora”.

El presidente cameral, y así se establece en el escrito legal, ha sostenido que la investigación contra Rodríguez Ruiz se realizó por disposición de una orden administrativa que atiende incidentes de violencia de género en el cuerpo legislativo.  Los abogados sostienen, sin embargo, que la orden administrativa lo que faculta al presidente es a recibir información, orientar a la víctima e implementar un plan de seguridad que podrá incluir consejería, orientación, establecer un plan de acompañamiento, entre otras medidas.

La decisión de Méndez de ordenar una investigación de Rodríguez Ruiz contratando a Cabán fue criticada públicamente al describir el trámite como un “pre-proceso” por el portavoz alterno del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, y así se hace constar en la demanda.


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