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Jaime Perelló. (GFR Media/Archivo)

No hay cambio de juez en el caso del expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, acusado de participar en un esquema de  corrupción.

Hoy, la jueza administradora del Tribunal de San Juan, Laura Lis López Roche, rechazó una petición de los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Leticia Pabón para que asignara un nuevo juez o jueza debido al supuesto prejuicio que ha mostrado el juez Enrique Silva Avilés en contra del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“De la jurisprudencia antes citada surge que cualquier imputación de prejuicio o parcialidad debe estar fundamentada en cuestiones personales, serias y que no estén enarcadas en trámites judiciales. En el presente caso, el PFEI no arguye que el juez Silva Avilés haya prejuzgado la controversia, sino que infiere que este se encuentra ‘parcializado’ en contra del PFEI por las incidencias ocurridas en el caso de Melvin Colón Bonet”, afirmó López Roche en una resolución de nueve páginas.

“Al atender la totalidad de la Resolución (del juez Silva Avilés), y los demás documentos presentados por las partes, no se desprende de estos que el juez Silva Avilés tenga alguna parcialidad personal hacia algún Fiscal Especial Independiente que tramitó el caso Pueblo v. Melvin Colón Bonet, supra, ni en contra en panel sobre el Fiscal Especial Independiente, en general. Las expresiones vertidas en la Resolución del 21 de septiembre de 2016, se realizaron en un contexto judicial y particular relacionado a la admisibilidad de un documento, no en un contexto personal”, agregó.

López Roche también aseguró que de una evaluación de la prueba presentada en el presente pleito no surgía que el juez Silva Avilés hubiera incurrido en alguna actitud prejuiciada o parcializada en contra de los fiscales especiales o el PFEI, que pudiera lacerar la confianza pública en el sistema de impartir justicia. Por esa razón, determinó que no procedía la recusación del togado en todos los casos del PFEI.

En una moción de inhibición presentada el pasado 26 de julio, los fiscales especiales independientes solicitaron a la togada que relevara al juez Silva Avilés porque mostró prejuicio en contra de la PFEI cuando desestimó -por falta de jurisdicción- los cargos que enfrentaba el suspendido fiscal Melvin Colón Bonet.

Al desestimar los cargos que pesaban en contra de Colón Bonet, Silva Avilés concluyó que los fiscales especiales presentaron las denuncias fuera del término establecido por la Ley que rige al PFEI.

El fiscal suspendido enfrentaba un cargo por violar el Artículo 4.02 de la Ley Ética Gubernamental y otro por violar el Artículo 252 del Código Penal, que prohíbe el aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, por redactar un subpoena el 10 de marzo de 2015 con equipo del Departamento de Justicia y obtener un vídeo del accidente, que causó su esposa Jessica Rivera Pacheco el 11 de febrero de 2015 mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Para tratar de demostrar su punto, los fiscales Mendoza y Pabón citaron la resolución emitida por Silva Avilés en el caso de Colón Bonet, una controversia que se encuentra ante el Tribunal Supremo luego de que el Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión del togado.

“Para nuestra sorpresa en dicha resolución el juez Silva Avilés se expresa de forma irrespetuosa y denotando un claro prejuicio hacia el Panel y los fiscales a cargo del caso”, indicaron los fiscales especiales en la moción de 14 páginas.

Cuando desestimó los cargos, el juez consignó que le pareció “muy acomodaticio” una resolución que emitió el Panel del FEI -en la cual atendía el asunto del vencimiento del término- luego de que celebró una vista argumentativa para atender la petición de desestimación de la defensa de Colón Bonet, donde no se mencionó ese documento.

“En el presente caso sin lugar a dudas las expresiones del juez Silva Avilés cuestionando la integridad y la transparencia del Panel del FEI y de dos de sus fiscales; así como las imputaciones serias en cuanto a la evidencia en controversia lo descalifican para intervenir como juzgador de forma objetiva en todos los casos donde los Fiscales Especiales Independientes representen al Ministerio Público”, afirman los fiscales especiales.

No obstante, en su escrito, donde no se inhibió, pero refirió el reclamo a López Roche, Silva Avilés replicó que la palabra acomodaticio “no tiene connotación ofensiva alguna” e incluyó algunas definiciones que confirman “lo inocuo de su significado”.

“Los jueces tenemos que cumplir con nuestro deber de adjudicar los casos que se nos asignan, Cano 20 de Ética Judicial, y el que se solicite la inhibición no significa que procede”, afirmó.

También resaltó que la OFEI preparó y suscribió la resolución que los fiscales especiales anejaron a su petición de reconsideración, un mes después de celebrada la vista argumentativa y de que tomó su decisión.

“De cualquier manera, el Tribunal aclaró que, aún si lo hubiese considerado, no cambiado el resultado en consideración al derecho aplicable. En tales circunstancias, no vemos cómo puede ni siquiera inferirse prejuicio de parte del Tribunal (y menos en casos futuros no relacionados) cuando se toman y explican las decisiones judiciales a base de los datos objetivos, corroborables y procesales del propio caso, sin el uso de palabras ofensivas, y en consideración al derecho”, afirmó Silva Avilés.

Perelló Borrás y el exayudante de la cámara Baja, Glenn Rivera enfrentan cargos relacionados a un contrato otorgado a una compañía del otrora recaudador de la Pava, Anaudi Hernández, para reemplazar el cuadro telefónico de cuerpo.

La defensa de ambos imputados rechazó la petición de inhibición presentada por los fiscales especiales independientes.

Los abogados del exlíder cameral, José Andreu Fuentes y José Olmo Rodríguez objetaron la petición argumentando que los fiscales especiales buscaban ejercer presión en los jueces con el propósito de lograr decisiones favorables al organismo.

La vista preliminar está pautada para el 15 de agosto y será transmitida en vivo, según lo permitido por el Tribunal Supremo.


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