El juez Gustavo Gelpí enfatizó que la aprobación de dicho protocolo es clave para que se puedan ofrecer los servicios a esa población de forma segura en medio de la pandemia. (GFR Media)

El juez federal Gustavo Gelpí regañó hoy al Departamento de Salud por la dilación en la entrega del protocolo con relación al coronavirus COVID-19 para la población que atiende la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI).

Después de varios días de haber solicitado el protocolo, Gelpí emitió un últimatum anoche, a lo que respondió Salud con la entrega de documentos, pero que no cumplieron con las expectativas de la corte en medio de la pandemia que ha provocado medidas de toque de queda en la Isla.

En una orden emitida esta mañana, Gelpí indicó que "no hay justificación para tan tardía entrega, dada que la orden de emergencia del tribunal se emitió hace una semana y que la pandemia del coronavirus se vislumbraba en el horizonte mucho antes, como se evidencia en la declaraciones de emergencia del presidente (de Estados Unidos) y la gobernadora (Wanda Vázquez)".

Gelpí añadió que después de revisar el protocolo del DSPDI se percata que "no es un documento legal que ciertamente se pudo haber sometido mucho antes por task force del DSPDI", lo que ha provocado "que se atrase la aprobación innecesariamente".

El juez enfatizó que la aprobación de dicho protocolo es clave para que se puedan ofrecer los servicios a esa población de forma segura en medio de los temores de la propagación del novel virus.

Indicó que ahora el monitor federal del tribunal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tendrán que verificar el documento para llegar a un acuerdo para el 30 de marzo.

Hasta que se resuelva el asunto, los servicios de los centros de transición hacia la vida independiente continuarán suspendidos por un periodo de 30 días.

También dispuso que las visitas se limiten a profesionales de la salud clínicos, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

De igual manera, ordenó que todos los hogares de pacientes bajo el DSPDI garanticen el almacenamiento de comidas y bebidas para un periodo de 45 días, explicando que puede ser enlatada y embotellada.

Además, señaló que cualquier excepción a mantenerse dentro de los hogares será solamente por razones de emergencia que involucren la salud y seguridad de los beneficiarios.

Gelpí no impuso penalidades a Salud por el momento, pero señaló que se mantiene la advertencia de una multa de $10,000.

La supervisión del Tribunal Federal sobre los participantes del programa del DSPDI responde a una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobierno de Puerto Rico en 1999 por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Desde entonces, un monitor federal vela por el cumplimiento de las estipulaciones entre las partes, que incluye la asignación de cerca de $40 millones para atender las necesidades de la población.


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