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Reos reclaman que se les violan sus derechos (horizontal-x3)
En esta imagen de archivo, la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, visitó Vieques para orientar sobre el sistema de videoconferencia. (Archivo / GFR Media)

La incursión del sistema de videoconferencia en los procesos judiciales no ha estado exenta de controversia, sobre todo entre aquellos que plantean que el uso de esta tecnología, en algunas instancias, podría coartar derechos constitucionales de las partes.

Ese es el caso del proyecto que permite transmitir, a través de cámaras y monitores, determinadas vistas en las que comparecen confinados desde los complejos correccionales. Este proyecto comenzó en diciembre de 2010 mediante un acuerdo entre la Rama Judicial y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Siempre el miembro de la población correccional va a levantar sus reclamos, ya sea él o el abogado, pero en esos procesos la discreción cae en los tribunales. El juez tiene que decidir si la utilización del sistema no trastoca derechos constitucionales”, apuntó el secretario de Corrección, Erik Rolón Suárez, en entrevista con este medio.

“Al comienzo, los abogados de defensa plantearon que el uso de videoconferencias, en cualquier etapa, era inconstitucional, pero el tribunal fue resolviendo en qué etapa sí y en qué etapa no se podía utilizar”, abundó el funcionario.

Ese análisis, según Rolón Suárez, siempre ha estado guiado por el afán de constatar que el uso de este mecanismo no atente contra los derechos de las partes.

El jefe de Corrección destacó que el sistema de videoconferencia permite a la agencia reducir los gastos que conlleva el traslado de los reos desde sus respectivas instituciones penales hasta los tribunales. El gasto en gasolina, destacó, es el mismo cuando se traslada un confinado como cuando la cifra alcanza la docena. De igual forma, evita que tengan que disponer de oficiales correccionales fuera de las cárceles, y que tengan que pagarles horas extras por el tiempo que pasan en los centros judiciales.

Aunque reconoció que han ocurrido muy pocas fugas de confinados en los traslados, el acuerdo también fue concebido para minimizar ese riesgo.

Hasta el momento, Corrección ha habilitado salas en los complejos carcelarios de Ponce, Bayamón, Guayama, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo, y hay conversaciones con la Oficina de Administración de los Tribunales para expandir el alcance del acuerdo.


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