Mario Marazzi, director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (Archivo / GFR Media) (horizontal-x3)
Mario Marazzi, director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)

La reciente carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que sugiere limitar la discreción del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para remover integrantes de juntas de gobierno de corporaciones públicas trascendió en el caso judicial incoado recientemente por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

Esta semana, la entidad demandante presentó una “Oposición del Instituto de Estadísticas a Segunda Moción de Desestimación”, a la que anejó la carta cursada por el presidente de la JSF, José Carrión, al primer ejecutivo.

En dicha misiva, Carrión “recomienda” -amparado en la sección 205 de la Ley PROMESA- que se enmiende la Ley 3 de 2017 para que el mandatario pueda -solo cuando exista “causa”- remover miembros de cuerpos rectores de corporaciones o instrumentalidades públicas. El citado estatuto permite a Rosselló Nevares hacer cambios en la composición de dichos organismos a su entera voluntad.

“No cabe duda que proteger y asegurar la independencia del Instituto de vaivenes y controles político-partidistas es, no sólo requerido por la Ley 2009-2003, los principios fundamentales que deben regir las operaciones de toda institución encargada de la regulación, manejo y fiscalización de las estadísticas, y la política pública promovida por Task Force congresional sobre PROMESA, sino que además la Junta ha expresado que la protección de la independencia de las instrumentalidades públicas, como el Instituto de Estadísticas, es necesaria para el cumplimiento e implementación de las disposiciones de la Ley Federal PROMESA de 2016”, reza la moción del IEPR radicada el martes y a la cual este medio tuvo acceso.

El pasado 21 de julio, para evitar que la junta de directores designara a un director ejecutivo por un período de 10 años de conformidad con la ley del IEPR, Rosselló Nevares destituyó a los cuatro miembros designados por el exgobernador Alejandro García Padilla: Antonio Fernós Sagebién, Ana L. Dávila Román, Sonia Balet Dalmau y Marta Álvarez Burgos.

Ese mismo día, el mandatario renominó a Alex López Echegaray y Bethsié Rosa Reyes; dejó en su posición a Arnaldo Cruz Sanabria y designó a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, y a la contadora pública autorizada Jeanelle Alemar Escabí.

De acuerdo con la demanda radicada el pasado 26 de julio, los directivos destituidos -que no reconocieron la acción tomada por el primer ejecutivo- se constituyeron y seleccionaron a Mario Marazzi-Santiago para un segundo término como director ejecutivo. Dos días más tarde, los directivos nombrados por Rosselló Nevares también se reunieron para constituirse y, aunque pidieron a Marazzi-Santiago continuar en la dirección ejecutiva del IEPR, ello sería mientras se decide el término.

Ante este escenario, el IEPR demandó a todos los miembros de la Junta, nombrados y destituidos, hasta tanto se dilucide la validez legal y efectividad de las destituciones y nombramientos.


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