William Solís Bermúdez, alcalde de Culebra. (GFF Media) (semisquare-x3)
William Solís Bermúdez, alcalde de Culebra. (GFF Media)

Con el voto disidente de cuatro de sus miembros, el Tribunal Supremo declaró ayer no ha lugar una petición de paralización en auxilio de jurisdicción y a la petición de certiorari solicitada por los alcaldes de Culebra y Villalba, William Solís Bermúdez y Luis Javier Hernández Ortiz, respectivamente, relacionada a las investigaciones que sobre ellos inició la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Con esta determinación, el tribunal no revocó al Tribunal de Apelaciones que entendió que la OPFEI, entidad a la que está adscrita la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), tiene una facultad investigativa y no solo adjudicativa en la tramitación disciplinaria de los alcaldes y alcaldesas que puede tener como resultado la suspensión o destitución de sus puestos.

Los procesos disciplinarios en la UPAD contra los alcaldes de Culebra y Villaba se iniciaron luego de que dos fiscales independientes distintos determinarán que no había razón para procesarlos criminalmente. A los dos ejecutivos municipales se le imputaban, por hechos distintos, la posible comisión de delitos relacionados con el uso ilegal de fondos públicos.

El juez asociado Luis Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad al que se unieron los jueces asociados Rafael Martinez Torres, Mildred Pabón Charneco y Roberto Feliberti Cintrón. Mientras que la juez presidenta Maite Oronoz se unió al voto particular disidente del juez asociado Ángel Colón Pérez. También disintieron de la determinación mayoritaria, la juez Anabelle Rodríguez Rodríguez y el juez Edgardo Rivera García.

Doble función de la OPFEI

La determinación judicial de no ha lugar no entra a aclarar las facultades que tiene la OPFEI desde que en el 2012 -a través de un plan de reorganización del gobernador Luis Fortuño y refrendado por la Asamblea Legislativa- adquirió un doble rol en cuanto al procesamiento de los alcaldes. Por un lado, la OPFEI, mantuvo el poder de investigación criminal contra los ejecutivos municipales y a la misma vez se le transfirió la facultad de procesarlos administrativamente, función que tenía la desaparecida Comisión para Ventilar Querellas Municipales. 

Son los votos particulares de conformidad y las disidentes las que explican un poco la visión de los jueces que las suscriben.

Poderosa la OPFEI

La controversia judicial se inició cuando los alcaldes de Culebra y Villalba argumentaron que la UPAD actuó en contra de la ley cuando al mismo abogado que investigó las querellas en su contra, presuntamente se le encargó también realizar el proceso adjudicativo.

El Tribunal de Primera Instancia (TPI) entendió que el abogado investigador de la UPAD no tenía facultad para emitir órdenes de citación y producción de documentos sin la intervención de un oficial examinador que rigiera los procedimientos. No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó al tribunal primario por entender que debió desestimar las demandas de los alcaldes por carecer de legitimación activa. Los alcaldes, entonces, acudieron al Supremo, que con su determinación devuelve el proceso a la UPAD.

Estrella Martínez y los jueces que suscribieron su voto particular concurrieron con la revocación, aunque por fundamentos distintos, que hizo Apelaciones sobre la determinación del TPI que limitaba las acciones investigativas de la OPFEI en los procesos administrativos.

Según el contenido del voto, estos jueces del Supremo le reconocen un amplio y flexible poder a la OPFEI en la facultad que tienen para iniciar un proceso disciplinario e investigativo.

“El Plan de Reorganización expresamente reconoce la facultad de la OPFEI de iniciar una investigación cuando reciba información que entienda constituye causa suficiente. Ello, adicional a la facultad adjudicativa heredada de la Comisión, a la cual expresamente no se le reconoció tal función investigativa”, menciona el voto particular de conformidad de Estrella Martínez.

“El plan de reorganización flexibilizó el inicio del trámite para que, ante la información que se entienda suficiente, la OPFEI y la UPAD puedan iniciar una investigación a los fines de determinar si, en efecto, amerita la celebración de un trámite adjudicativo”, añade.

Peligrosas facultades

Por el contrario, el juez Colón Pérez expresó que el plan de reorganización no le concedió a la UPAD poderes mayores a lo que tenía la Comisión de Ventilar Querellas Municipales y que, por lo tanto, la OPFEI y la UPAD se adjudicaron poderes que no tiene en virtud de la ley. Además, sostiene que los alcaldes tenían legitimación activa en el proceso incoado.

Según el Colón Pérez los alcaldes estaban en un proceso adjudicativo en el que no se le concedieron las protecciones del debido proceso de ley.

“Somos de la opinión que actuaciones como éstas, -- las cuales tienen el efecto de dejar la vía libre al procesamiento selectivo, ilegal y discriminatorio; de todo tipo de funcionario público en nada contribuyen a mejorar la ya maltrecha imagen de las instituciones encargadas del procesamiento criminal en el país”, señala en su voto.

En tanto, la jueza presidenta, que se unió al voto de Colón Pérez, añadió que hubiese reinstalado la sentencia del TPI por entender que el proceso que realizaron la UPAD y la OPFEI “fue uno ultra vires y por ende nulo”.

Por su parte, la juez asociada Rodríguez Rodríguez añadió al voto particular disidente de Colón Pérez que la Comisión para Ventilar Querellas Municipales nunca tuvo esas facultades investigativas y solo se limitaba a ser un ente adjudicativo.

“Las pretensiones de la Oficina del FEI, avaladas desgraciadamente por una mayoría de los miembros de este Tribunal, tergiversan nuestro ordenamiento legal y peligrosamente le confieren unos poderes a un organismo cuya viabilidad futura se discute en nuestro País. El proceder de la Oficina del FEI de iniciar un procedimiento investigativo se asemeja más a los llamados kangaroo courts que, a un proceso serio, digno de una agencia encargada de velar por los intereses de todos, incluyendo de los ‘investigados’”, agrega.

Asimismo, en su voto disidente el juez Rivera García lamenta que “la negativa de expresarnos sobre esta controversia tiene el efecto de permitirle al PFEI interpretar cómo y cuándo debe comenzar un procedimiento disciplinario contra un alcalde o alcaldesa en esos casos, particularmente, cuando la ausencia de una normativa clara podría dar margen a que se interprete la disposición aludida de forma inconsistente y en contravención a las exigencias del mandato legislativo. 


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