La orden de la secretaria de Justicia busca sacar de la corte casos de faltas menos graves cometidas por menores de edad y procurar que esos conflictos se resuelvan en la escuela o en centros de mediación de conflictos. (GFR Media) (semisquare-x3)
La orden de la secretaria de Justicia busca sacar de la corte casos de faltas menos graves cometidas por menores de edad y procurar que esos conflictos se resuelvan en la escuela o en centros de mediación de conflictos. (GFR Media)

Los procuradores de Asuntos de Menores tendrán ahora la obligación de, antes de radicar un caso, presentar la alternativa de la mediación a los perjudicados por incidentes insustanciales ocurridos en el ambiente escolar como parte de una nueva política pública que reduciría los procesos adversativos para este tipo de faltas.

Elegir esa alternativa está sujeta a la voluntad de las partes. Además, esa opción estará disponible para incidentes clasificados como faltas Clase 1 –equivalentes a un delito menos grave–, y que la conducta del menor no atentara contra la vida o propiedad ni haya puesto en peligro la comunidad escolar, según establece la orden administrativa 2018-03 del Departamento de Justicia.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, explicó que cuando se consulte con el Ministerio Público sobre un incidente con un menor en el ambiente escolar, los procuradores o fiscales, si fuera el caso, tienen que explorar distintos escenarios antes de la radicación de faltas.

Además de utilizar los servicios de mediación de conflictos de la Rama Judicial, los procuradores deben analizar la alternativa de resolver el asunto mediante el procedimiento administrativo del Departamento de Educación, la posibilidad de solicitar una orden de protección o cualquier otra orden al amparo de la Carta de Derechos del Estudiante y debe verificar qué hicieron las autoridades escolares.

“En última instancia, si no hay alternativa de mediación, pues obviamente analizarlo desde el punto de vista de la comisión de un delito”, señaló la secretaria.

“Vamos a garantizar los derechos de las víctimas, que sepan que van a estar protegidas y que hay una alternativa antes de que el procurador tome la determinación de radicar un caso (equivalente a) menos grave para que se puedan explorar alternativas para ayudar tanto a la víctima como al joven agresor para que se pueda rehabilitar”, dijo Vázquez Garced.

Aunque la alternativa de la mediación está contemplada en la Ley 88, ese referido solo se hace después de que el caso ha sido radicado en el tribunal. Con esta orden, la mediación o el remedio administrativo se intentaría antes de iniciar un proceso judicial.

“Eso es lo que venimos diciendo: saca esto de aquí (del tribunal)”, expresó Athelyn Jiménez Emmanuelli, abogada del programa Justicia Juvenil de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). “Esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué tienes que hacer pasar almenor por un trámite social y por toda esta cosa de venir al tribunal? ¿Para qué?”, cuestionó la abogada, quien acogió con satisfacción la orden de Justicia.

Menos contención

Según explica la nueva normativa, mantener ese orden procesal que existe hoy reduce las posibilidades de que las partes quieran mediar luego de haber estado en un ambiente adversativo, como lo es una vista para la determinación de causa.

Una investigación publicada el año pasado por El Nuevo Día reveló que apenas un 1.2% de las denuncias por faltas Clase 1 presentadas en corte contra menores se resuelven a través de la mediación y que la mayoría de los casos por agresiones simples, amenazas o incidentes leves se procesan en las salas judiciales.

Así, este diario presentó los casos de dos estudiantes de educación especial de 11 años de edad que esperaban juicio, una por una pelea inocua con dos compañeras y otra que estuvo presa tres días por forcejear con una secretaria escolar. También se mostró como ejemplo el caso de un niño de siete años que estaba en corte por empujar a un compañero en la fila del comedor.

La secretaria insistió en que las escuelas tienen herramientas para atender estas situaciones por una vía que ayude a subsanar el conflicto, sin tener que exponer a esos menores a comparecer a un tribunal.

“Me parece espectacular poder sacar del tribunal situaciones menores que ocurren dentro de las escuelas y que se pudieran estar resolviendo internamente. Es bueno, uno, por la paz, y dos, enseñándoles a los muchachos a resolver de manera adecuada un problema. Si hablando se entiende la gente”, expresó la abogada.

Aunque complacida con la instrucción impartida a los procuradores, Jiménez Emmanuelli mencionó algunas preocupaciones que no aclara la orden.

La abogada se preguntó qué pasaría si en la primera reunión con el procurador, cuando los ánimos están caldeados, la parte perjudicada rechaza la mediación, pero luego existe ánimo para considerarla. ¿Se seguirá con el proceso judicial?

También, cuestionó a qué deseo responderá el procurador, al de un menor perjudicado que no quiere ir al tribunal o al de los padres que siguen en ánimo contencioso.

“Esto pasa muchas veces. Tú ves a los nenes dentro de la sala jugando, comiendo Cheetos, haciéndolo todo juntos y son los padres los que quieren la silla eléctrica para tu cliente”, comentó Jiménez Emmanuelli.

De igual manera, por su experiencia en estos procesos, cuestionó la voluntad que tendrían algunos directores de escuela y maestros de buscar un remedio administrativo cuando los perjudicados son ellos.

“A lo mejor me estoy adelantando… son dudas prematuras porque no sé cómo lo van a trabajar”, mencionó la abogada, a quien le llama la atención que en la orden se les dé instrucciones a los fiscales porque no son ellos los que atienden estos casos de menores.

Según la orden, una vez las partes aceptan someterse a cualquiera de las opciones, la parte perjudicada firmará un documento en el que certifica que fue orientada por el procurador o el fiscal.

Los procuradores de menores o fiscales de distrito deberán someter estadísticas mensuales sobre los casos que involucren a menores y se susciten en el ambiente escolar, así como el número de personas que accedieron a someterse a alguno de los procedimientos mencionados en la orden.

Para aquellas faltas Clase 1 que no se dan en el ambiente escolar, la orden instruye al procurador a ofrecer primero la alternativa de utilizar los servicios de mediación de conflictos o contemplar la posibilidad de solicitar una orden de protección que garantice la seguridad del perjudicado.


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