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(GFR Media/Archivo)

Desde el pasado 21 de septiembre, el día después día después del paso del huracán María por Puerto Rico, más de un centenar de querellas por controversias entre ciudadanos se han presentado ante jueces del país.

En una realidad atípica en la que imperan los ruidos y gases producidos por generadores de energía eléctrica, el desespero en las filas y la ansiedad generalizada, ni la emergencia causada por el paso del huracán ni el espíritu de solidaridad cancelan el hecho de que surjan conflictos. Preliminarmente, la Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales informó a este medio que se han contabilizado 120 querellas por Ley 140 desde el 21 de septiembre hasta la fecha por motivos que no detalla.

Actualmente, quienes deseen presentar querellas al amparo de la Ley 140 de 1974, también conocida como Ley de Controversias y Estados Provisionales de Derecho, deben llegar hasta los centros judiciales, tribunales o salas de investigaciones que estén abiertos, o a las comandancias o cuarteles de la Policía de Puerto Rico en el caso de las regiones judiciales de Aibonito, Carolina y Utuado.

“Cualquier persona mayor de edad puede comparecer ante un juez o una jueza y exponer bajo juramento, en forma verbal o escrita, una querella que incida sobre asuntos de convivencia y orden social entre vecinos residenciales. El juez o la jueza evaluará lo expuesto por la persona y, si determina que existe una controversia, ordenará que se cite a las partes involucradas”, explicó el juez superior Alfonso Martínez Piovanetti, director administrativo auxiliar de los Tribunales.

Indicó que, si alguna de las partes no comparece, estará sujeta a un desacato, que es el delito que castiga el incumplimiento de una orden judicial.

Según dicta el procedimiento, en la vista el juez o la jueza escuchará a las partes y a sus testigos, de haberlos. Puede incluso citar testigos adicionales y funcionarios de agencias gubernamentales que regulen el asunto en controversia. “El Tribunal intentará que las partes armonicen sus posiciones. Sin embargo, de no lograrse algún acuerdo, el Tribunal podrá emitir un Estado Provisional de Derecho mediante el cual le ordena a la parte querellada hacer o dejar de hacer alguna conducta que afecte la convivencia entre las partes. No cumplir con lo ordenado por el Tribunal puede conllevar una pena de cárcel máxima de seis meses, o una multa de $500.00, o ambas penas”, ilustró Martínez Piovanetti.

El juez destacó que “las personas pueden comparecer sin representación legal, por lo que el proceso resulta económico, además de rápido y efectivo”.

Aunque hay Centros de Mediación de Conflictos en los trece Centros Judiciales, al momento no han podido reiniciar labores, se informó.


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