La posibilidad de un acuerdo con la fiscalía llevó al expresidente de la CEE a acatar la determinación del tribunal de encontrar causa para juicio.

La negociación de un posible acuerdo entre la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Rafael Ramos Sáenz, provocó que el exfuncionario renunciara hoy a su vista preliminar y, por lo tanto, que hubiese una determinación de causa para ir a juicio.

La jueza superior Leyla Graulau Igartua señaló la lectura de acusación para el 23 de julio y el juicio para el 30 de ese mismo mes.

Tanto el fiscal especial independiente Ramón Mendoza como Ivándeluis Miranda, abogado del exjuez Ramos Sáenz, reconocieron que iniciaron conversaciones que podrían terminar con la reclasificación de los delitos y una alegación por parte del imputado.

“Hay conversaciones con la defensa dirigidas a establecer lo que podría ser un acuerdo transaccional”, señaló Mendoza al salir de la sala del Centro Judicial de Aguadilla.

El fiscal dijo que esas conversaciones comenzaron “hace bastante tiempo y ya se han concretado bastante”.

“La naturaleza de las conversaciones que estamos teniendo nosotros entendemos que van a propiciar una solución armoniosa”, mencionó Miranda. “Solamente los locos y los enamorados se entregan sin condiciones, así que aquí hay unas conversaciones que condicionan cuál es la naturaleza de esta acción”, agregó.

No habría desfile de prueba

Un acuerdo entre las partes tendría el efecto de evitar un juicio y, por lo tanto, impediría que se dé el desfile de la prueba que, en esencia se sometería al tribunal por voz de los más altos exejecutivos de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Todos formaron parte del Plan para Puerto Rico (P3R), que fue uno de los brazos principales de la campaña electoral de 2016 que llevó a Rosselló Nevares a La Fortaleza. Fueron ellos quienes mantuvieron a través de un chat de WhatsApp conversaciones con el exjuez, que para ese entonces presidía la junta local de la CEE en el precinto de Moca.

De concretarse el acuerdo, los testigos no se tendrían que sentarse a declarar sobre cómo se dieron las conversaciones que tuvieron con el exjuez ni la naturaleza de ese diálogo político electoral.

Entre los testigos anunciados por la OPFEI están el exsecretario de la Gobernación William Villafañe; la exsecretaria asociada de la Gobernación Itza García, la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Waleska Maldonado, contra el exejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo; y contra Yesenía Díaz, quien laboraba en la secretaría de la gobernación.

El fiscal Mendoza descartó de manera tajante que la negociación de un acuerdo con Ramos Sáenz tenga el propósito de evitar las declaraciones judiciales públicas de los altos exfuncionarios de la actual administración de gobierno.

“Esa premisa es totalmente equivocada. Nosotros lo que hacemos es cumplir con la labor que se haga justicia”, reaccionó Mendoza.

Por otro lado, cuando El Nuevo Día le pidió hoy que especificara cuál fue el beneficio ilegal directo que obtuvo Ramos Sáenz y mediante la intervención de quién lo obtuvo, se negó a decirlo “porque como el proceso está pendiente nosotros no vamos a entrar en esa discusión…porque conllevaría explicar elementos de prueba”.

“Oportunamente, cuando el proceso termine estaremos disponibles para aclarar cualquier duda”, señaló Mendoza.

En 2017, Ramos Sáenz fue ascendido a juez superior por el gobernador y al iniciar el 2018 fue recomendado para presidir la CEE por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

Sin embargo, si se finiquita el proceso con una alegación pre acordada, esos detalles no se desvelarían en el Tribunal. Amparados en que existe un proceso judicial activo, los fiscales se han negado a explicar por qué entendieron que, entre todos los funcionarios, miembros del chat del P3R solo Ramos Sáenz delinquió.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esas alegaciones (de las denuncias presentadas) … si el ministerio público, entonces, presenta algo con lo que nosotros estemos contestes, pues entonces ese sería el resultado de una alegación pre acordada”, explicó, por su parte el abogado del exjuez. 

“Yo me debo éticamente a mi representado y en ese deber ético, yo tengo que representar los intereses del señor Rafael Ramos Sáenz. Si los intereses del señor Rafael Ramos Sáenz están bien servidos sin el desfile de prueba entonces nos vamos a mover a esa dirección”, destacó Miranda. “Le garantizo a usted que nosotros no tenemos ningún problema en contrainterrogar la prueba”, añadió.

Por su parte, Ramos Sáenz dejó ver su interés en que avance esta negociación porque sostuvo que su familia ha sufrido mucho en el proceso y que incluso propició un serio quebranto en la salud de su madre.

“Ciertamente vamos a auscultar todas alternativas”, dijo Ramos Sáenz. “Este es un procedimiento bien drenante, tienen que entenderlo, para mí y para mi familia”, agregó.

Contra Ramos Sáenz existen 19 acusaciones, todas de carácter grave. El exjuez tiene 17 cargos de aprovechamiento ilícito, un cargo de enriquecimiento ilícito y una infracción al Código Electoral relacionado a su activismo político siendo un funcionario judicial.

Ante el conocimiento de los fiscales especiales independientes que se produciría la renuncia a la vista no se citaron testigos a comparecer hoy.


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