Los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla. (GFR Media)

Washington - Los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla intervinieron en el caso sobre la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras públicas de la Isla, con el objetivo de defender que Puerto Rico pueda formar el gobierno local sin la intervención del gobierno de Estados Unidos.

En un recurso de amigos de la corte, los exgobernadores, elegidos bajo la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD), indicaron que “pese a las declaraciones denigrantes de Estados Unidos (en el caso), los funcionarios electos de Puerto Rico no son elegidos de conformidad con un acto del Congreso”.

“La Constitución de Puerto Rico fue ordenada y establecida por ‘nosotros, el pueblo de Puerto Rico’”, indicaron los exgobernadores Calderón y García Padilla, al salir en defensa del llamado Estado Libre Asociado (ELA), en un caso que trata sobre la constitucionalidad de los nombramientos a la JSF, que funciona, por determinación del Congreso, por encima del gobierno electo de la Isla.

Como más de 50 funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD), los exgobernadores rechazaron el argumento de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico, y la JSF, de que si los miembros del ente fiscal son funcionarios federales de alto nivel - no territoriales-, que requieren confirmación por el Senado estadounidense, la misma exigencia puede hacerse al gobernador y los legisladores de la isla. 

Aunque el Congreso autorizó la Constitución de Puerto Rico – incluso ordenando enmiendas de forma unilateral-, los exgobernadores populares señalaron que la carta magna local “no representa un acto” del legislativo federal.

Calderón y García Padilla son representados por el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, quien fue secretario de Asuntos Federales del PPD.

Contrario al documento de los funcionarios electos del PPD, los exgobernadores hacen una defensa del llamado ELA y argumentan que el caso de Sánchez Valle, que reconoció que la última fuente de poder en Puerto Rico está en el Congreso, no puede interpretarse más allá de la protección constitucional contra la doble exposición a cargos criminales.

En Sánchez Valle “este tribunal hizo una clara distinción entre las peculiaridades” de la doble exposición a cargos criminales “y el análisis amplio de soberanía”, argumenta el escrito presentado por Hernández Mayoral a nombre de los exgobernadores.

Los exgobernadores reconocieron que la ley Promesa ha tenido como resultado que “una Junta designada por el gobierno federal asuma el control sobre asuntos encomendados por el pueblo de Puerto Rico, a través de su Constitución, a los funcionarios electos".

“Eso trae dos características del federalismo estadounidense a colisión: la regulación de la bancarrota y la soberanía estatal”, agregaron. Pero, los exgobernadores sostienen que si Promesa interfiere constitucionalmente “con la soberanía de Puerto Rico”, sin embargo, no es una controversia ante el tribunal.

Bajo la presidencia de Héctor Ferrer, el PPD – con Hernández Mayoral como abogado-, intervino antes el caso sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la JSF, con el propósito de pedir al Primer Circuito que no entrara a considerar de forma general en el caso el marco de la relación territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Aunque el pasado 15 de febrero el Primer Circuito de Apelaciones determinó que los siete miembros con plenos derechos en la JSF son funcionarios federales de alto nivel y declaró inconstitucional la forma en que fueron nombrados, reconoció las decisiones tomadas por el organismo, que incluyen la reestructuración de parte de la deuda pública de la isla.

En junio, el Tribunal Supremo federal informó que revisará la validez de los nombramientos y el poder que tenían los miembros de la JSF para tomar decisiones como “funcionarios de facto”, si se confirmara la decisión del foro de apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos.

El máximo foro judicial estadounidense ha convocado a una audiencia oral para el 15 de octubre.

Los funcionarios electos del PPD, mientras, afirmaron en su recurso judicial que es de suma importancia ‘frenar en lo posible” la autoridad de la JSF, para que “Puerto Rico pueda retener el mayor grado de gobierno democrático posible”.

“Los miembros de la JSF deben persuadir a este honorable tribunal con su argumento de que queden ser exentos de los rigores de la cláusula de nombramientos sin tomar lo que queda de la democracia puertorriqueña y mantenerla como rehén”, indicaron los funcionarios electos del PPD en el recurso sometido el miércoles, la fecha final que dio el máximo foro judicial estadounidense para intervenir como amigos de la corte.

Los abogados de los funcionarios electos del PPD – Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escudero-, acentuaron que al redactar Promesa el Congreso no solo incumplió con la cláusula de nombramientos, por la cual el presidente nombra funcionarios federales de alto nivel con el consentimiento del Senado, sino que “ideó un esquema de gobierno territorial de naturaleza autocrática”.

En su documento, sin embargo, los legisladores y alcaldes del PPD no argumentaron sobre la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federal de mantener la validez de las decisiones tomadas por la JSF a pesar de que los nombramientos de los miembros actuales del ente fiscal fueron declarados inconstitucionales.

“No entramos en (esa) controversia”, indicó el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien a nivel personal considera que ese debate divide a su partido, pero entiende que si la colectividad solicitó un marco legal para reestructurar la deuda pública – inicialmente a través de un estatuto local o el capítulo 9 de la ley federal de quiebras-, no puede ahora pedir anular las decisiones de la JSF.

Los firmantes del recurso judicial de los funcionarios electos incluyen al presidente del PPD, Aníbal José Torres, en su carácter de senador.   “No es un recurso del PPD” como institución, dijo Torres, quien afirmó que su colectividad se ha limitado a expresarse en contra de la ley Promesa y el carácter antidemocrático de la JSF, un argumento que se utiliza en el recurso de amigo de la corte.

Como parte del proceso, tanto la firma de inversiones Aurelius, como la aseguradora Assured Guaranty y el sindicato UTIER han presentado sus alegaciones iniciales ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, para pedir que se anulen las decisiones tomadas por la JSF y se confirme la inconstitucionalidad de los nombramientos de los miembros actuales del ente que controla las decisiones financieras públicas de Puerto Rico.

Los nombramientos de los siete miembros actuales de la JSF – que tras la decisión del Primer Circuito de Apelaciones fueron enviados el 18 de junio al Senado por el presidente Donald Trump - vencen oficialmente mañana, el 30 de agosto.

Aunque el Senado estadounidense no podrá revisar los nombramientos por lo menos hasta después del 9 septiembre, cuando vuelve a sesionar, los miembros de la JSF pueden seguir en sus puestos mientras el presidente Trump no los sustituya o se decida el caso ante el Tribunal Supremo federal.


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