Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

Imagen de la iglesia de Cidra. (GFR Media) (horizontal-x3)
Imagen de la iglesia en Cidra. (GFR Media)

El Tribunal Supremo determinó hoy no acoger la petición de reconsideración que radicó el pasado viernes pasado el Fideicomiso del Plan de Pensión de Empleados de Escuelas Católicas para que dejara sin efecto la resolución que le ordenaba a la Iglesia católica pagar inmediatamente el monto adeudado al Plan de Pensiones.

La determinación se tomó con el voto disidente de la presidenta interina del Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez y del juez asociado Ángel Colón Pérez. 

La moción de reconsideración planteaba que se debe tener en cuenta la separación de Iglesia y Estado, así como la libertad de culto establecidas tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al momento de tomar una determinación sobre la controversia.

“Tal cosa como la Iglesia católica de Puerto Rico no existe. Eso es un error bien grande”, sostuvo el licenciado Frank Zorrilla, abogado que representa al Fideicomiso, quien resaltó que “con respeto” difiere del Tribunal Supremo.

El abogado explicó que la Iglesia católica está constituida por diócesis, parroquias y escuelas parroquiales, entre otras entidades, cada cual con capacidad jurídica. Por eso, dijo, es un error incluirlas todas como un solo organismo.

La demanda contra la Arquidiócesis de San Juan, el arzobispo Roberto González Nieves y el Fideicomiso fue radicada en junio del 2016 por 66 maestros con más de 10 años de servicio y empleados jubilados de la Academia del Perpetuo Socorro, en Miramar. Estos reclamaron que la Iglesia católica les adeudaba alrededor de $4.5 millones por beneficios adquiridos.

Hace una semana el Tribunal Supremo ordenó que, como medida provisional, se debía cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Primera Instancia en la resolución del 16 de marzo y con la orden del 26 de marzo del año en curso.

La resolución emitida el 16 de marzo por el juez superior Anthony Cuevas Ramos indicaba que la Iglesia católica tendría que continuar con el pago mensual de las pensiones de los demandantes.

El 26 de marzo el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden para embargar las cuentas de la Iglesia católica, tras vencer el plazo que tenía la institución para depositar $4.7 millones.

Con esta suma se buscaba garantizar el pago del Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas a los maestros afectados tras su eliminación en el 2016.

El Tribunal de Apelaciones paralizó el embargo el 27 de marzo, luego de acoger un recurso presentado por la Iglesia, argumentando que aún quedaban pendientes una serie de trámites en la corte federal y que el Tribunal estaba actuando prematuramente. El 3 de mayo, sin embargo, ese mismo foro revocó el embargo.



💬Ver 0 comentarios