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La jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media)

Luego de levantar múltiples cuestionamientos acerca de la forma en que se facturan los servicios de abogados, asesores y expertos financieros en los casos de Título III, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, acogió la recomendación del oficial examinador Brady Williamson para que el gobierno de Puerto Rico pague unos $10.6 millones a estos profesionales.

La autorización de pago se hizo a favor de una novena de firmas o individuos que participaron del proceso de renegociación de la deuda de Puerto Rico entre los meses febrero y mayo pasados, y se produjo este miércoles, cuando la jueza de distrito federal que preside los casos de bancarrota de la isla pidió al oficial examinador que reanude las conversaciones con las firmas de abogados, asesores financieros y otros expertos. Esto, a fin de establecer parámetros adecuados que permitan determinar cuál es la compensación que debe pagar el gobierno puertorriqueño.

“La corte tiene mucha preocupación por este tema”, dijo Swain a los pocos abogados que acudieron este miércoles a la audiencia general correspondiente al mes de diciembre y donde se determinó posponer nuevamente, los pagos que reclaman otra decena de firmas y que superan otros $52 millones.

Entre las firmas que recibieron autorización de la corte para cobrar por lo facturado se encuentran los asesores legales de la JSF, O’Neill & Borges y Munger Toles & Olson, así como el asesor financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Filsinger Energy Partners y la agente de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), Bettina M. Whyte.

Mientras, la principal firma asesora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Proskauer Rose y aquella de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), O’Melveny & Myers, al igual que los asesores financieros de la JSF y el gobierno, Citigroup y Ankura Consulting, entre otras, tendrán que esperar a que se complete la evaluación de sus facturas.

Temprano en el año, Williamson dijo a Swain tener reservas con la forma en que los abogados y expertos que participan de la reorganización de la deuda de la isla cobraban por sus servicios.

En ese momento, Williamson llamó la atención de la corte, señalando que se facturaba por duplicidad de trabajo, exceso de consultas de bases de datos en internet y se reclamaban reembolsos por gastos de viaje y hasta de lavandería que no eran aceptables. Aunque las firmas radicaron facturas por casi $78 millones, Swain solo avaló unos $48.6 millones, dejando en el tintero la diferencia.

En abril pasado, Swain dio su aval al pago de otros $4.4 millones.

Casi nueve meses más tarde, Williamson regresó este miércoles ante Swain, por vía de su representación legal Katherine Stadler, del bufete Godfrey & Kahn, destacando que el análisis de facturas apunta a que hubo duplicidad de esfuerzos en el caso de los abogados que participaron de la renegociación de Cofina y asistían a la agente Whyte, mientras en otros casos se detectaron aumentos irrazonables en las tarifas que abogados y otros asesores están cobrando a la JSF y el gobierno puertorriqueño. En el caso de Cofina, Williamson también destacó que el abogado que asistió a la agente Whyte incluso facturó unos $712,000 por servicios de un experto financiero, sin que ello recibiera el aval de la corte.

“Los profesionales, el oficial examinador y la corte tienen un rol en esto, pero los clientes también tienen un rol que jugar… eso es particularmente cierto en el caso de aumento de tarifas”, dijo Williamson a Swain.

Según el reporte, solo en el tercer período de facturación, el análisis de Williamson reveló que las firmas aumentaron sus tarifas por hora por unos $3.9 millones.

“Comparto su dolor”

De acuerdo con Stadler, al analizar las facturas, Williamson encaró retos para establecer a qué se debe el alza en honorarios. Es decir, si se trata de aumentos por impacto inflacionario o porque en el período se utilizaron más recursos en los casos. En ese sentido, Stadler destacó que se necesitaba más claridad, pues de lo contrario, las tarifas de descuento que las firmas otorgaron a la JSF y el gobierno al principio de los casos de Título III se revertirían con los aumentos que ahora se aprecian en las facturas.

Swain optó por denegar sin perjuicio, la moción de Williamson para fortalecer los estándares de evaluación e instó a los profesionales que participan de los casos de Título III a llegar a un entendido. La jueza también dejó entrever su interés por establecer algún tipo de límite o parámetro que sirva para establecer los aumentos tarifarios, lo que podría estar determinado por la tasa de inflación.

Ante los señalamientos, el abogado del comité de Acreedores No Asegurados, Luc A. Despins, indicó a Swain que no debía perderse de vista de que cada firma tiene modelos diferentes de gestión, por lo que en ese sentido, aplicar parámetros uniformes podría ser contraproducente.

Swain replicó diciendo que estaba conciente de que existen presiones inflacionarias que inciden sobre estas firmas, pero a su vez, pareció indicar que a ella también le aplicaban tales presiones sin que hubiera flexibilidad en los ingresos que recibe y tampoco ante la complejidad que suponen casos como el de Puerto Rico.

“Comparto su dolor”, indicó la jueza en tono relativamente jocoso.

La reforma contributiva

De otra parte, quedó en el tintero el efecto que tendría en la facturación de los casos de Título III, la intención del gobierno de comenzar a retener una contribución a las firmas que participan de estos litigios.

El texto aprobado de la reforma contributiva convertida en ley por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares incluye requerir una contribución retenida a quienes realicen trabajos para el gobierno y que estén domiciliados fuera de Puerto Rico. A dicha contribución retenida, le aplicaría una tasa de 29%, según la reglamentación vigente en el tema.

Stadler no pudo precisar a Swain el impacto de la nueva legislación, pero explicó que se ha instruido a las firmas a colocar esa retención en una partida separada de la facturación de honorarios.


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