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La Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Aunque subrayó que varios de los señalamientos que ha recibido la corte en torno a la renegociación de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) son “serios”, la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, concluyó este martes que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hizo lo suficiente para informar a los bonistas de esa entidad acerca del proceso que se ha seguido y que busca modificar esa acreencia a la luz de las disposiciones de la ley federal Promesa.

La decisión de Swain supone un respaldo de la corte a siete meses de negociaciones entre la Coalición de Bonistas Principales de Cofina, aseguradoras municipales, el gobierno de Puerto Rico y la JSF, así como al mecanismo de agentes que el organismo federal viabilizó hace un año. Tales negociaciones, que se dieron desde marzo de este año en el contexto del proceso de mediación que Swain estableció, resultaron en un pacto que, de consumarse, recortaría aproximadamente el 28% del principal adeudado bajo Cofina. De igual forma, el pacto -si el plan de ajuste finalmente es aprobado por la corte en enero próximo- transferiría parte de los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) hasta ahora reservados para los bonistas de Cofina hacia el Fondo General.

Swain emitió su fallo luego de escuchar las representaciones hechas por el abogado de la JSF, Brian S. Rosen, integrante del bufete Proskauer Rose -que asesora al organismo federal- y de que la entidad sucesora del fallido Lehman Brothers, el banco custodio de Cofina, Bank of New York Mellon, y cuatro cooperativas de ahorro y crédito retiraran sus objeciones a la declaración informativa que se divulgó a mediados de octubre.

Swain hizo claro que su decisión se limitaba únicamente a examinar si la JSF cumplió con la ley Promesa y las disposiciones aplicables del Código de Quiebras en lo toca a informar a los posibles perjudicados el proceso que se ha seguido. En ese sentido, Swain subrayó que los méritos económicos y legales del pacto suscrito, es decir, la razonabilidad del acuerdo financiero que pagarán los contribuyentes puertorriqueños se discutirá en la audiencia de enero próximo.

Empero, la decisión -que allana el camino para que se vote sobre el plan de ajuste y que acercaría a los bonistas principales de Cofina a recuperar casi la totalidad de lo que prestaron al gobierno- se produjo sin que hubiera protestas en La Gran Manzana o Puerto Rico. En Puerto Rico, de hecho, la sala habilitada para la transmisión en circuito cerrado estaba, en esencia, vacía.

“Es difícil comprender que una injusticia como esta se lleve a cabo”, indicó a Swain el bonista subordinado de Cofina, residente en el estado de Nueva Jersey, Lawrence Dvors, quien acudió a la corte motu propio.

Allí, Dvors se convirtió prácticamente en la única voz de los miles de bonistas individuales de Cofina. El hombre, quien dijo pudo acudir a la vista por residir en el estado de Nueva Jersey, indicó a Swain que la JSF no había cumplido su deber de informar claramente lo que había negociado y cómo eso le afectaría a él y a la mayoría de los tenedores de la deuda de Cofina.

Dvors sostuvo que la modificación de Cofina no procede porque la corporación pública, en realidad, nunca tuvo problemas para honrar sus obligaciones y que fue la JSF, incumpliendo con su deber en ley, la que invocó el Título III para la entidad.

El hombre prosiguió su alocución indicando que los documentos divulgados por la JSF son complejos y que en su caso, si se consuma la transacción, solo recibiría unos 54 centavos, mientras los bonistas principales recibirían casi la totalidad de lo que prestaron al gobierno, así el dinero de intereses acumulado en las cuentas que custodia BNY Mellon, así como la compensación en gastos de abogados.

Dvors dijo que Puerto Rico pudo ser “un diamante” en el Caribe y que consideraba una injusticia que se permita al gobierno puertorriqueño que “tome ventaja” de los bonistas que le prestaron dinero. Ello, a pesar de toda la ayuda federal que han recibido a lo largo de los años.

Durante la vista, Rosen buscó refutar los argumentos del hombre señalando que en el proceso de negociación había bonistas subordinados. Minutos antes, durante su turno para informar los esfuerzos realizados por la JSF para informar a los acreedores, Rosen admitió que como parte del acuerdo se pagará una compensación a los que participaron de las negociaciones y que a la fecha, los abogados reclamaban unos $135 millones en honorarios por el trabajo realizado y por el cabildeo que los bonistas de Cofina realizaron en la Legislatura para que esa rama de gobierno favoreciera la legislación que era necesaria para concretar el acuerdo.

De igual forma, el abogado principal de la Coalición, Susheel Kirpalani, rindió loas al equipo de mediación, encabezado por la jueza Barbara Houser y contribuir a establecer “orden a lo que era un completo caos”. Kirpalani indicó que lo logrado en Cofina es un paso significativo que no debe minimizarse y que a menudo se olvida, la gravedad de los eventos que se cernían sobre Puerto Rico a raíz del impago de la deuda. El abogado fue más allá, al decir, que el acuerdo en Cofina, contribuirá a que la JSF termine su poder sobre el gobierno puertorriqueño.

Con el fallo emitido este martes, se cumple una de las etapas del proceso de mediación de la deuda de Cofina. La segunda etapa, en el caso de Cofina, se centrará en evaluar los méritos del acuerdo y esta se llevará a cabo a mediados de enero de 2019.


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