Cartel con la imagen de la jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media) (semisquare-x3)
Cartel con la imagen de la jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sufrido otro revés en corte cuando la jueza federal de distrito Laura Taylor Swain denegó este miércoles una moción del organismo fiscal que buscaba obtener un tiempo adicional a fin de demandar a ciertos bonistas de la isla que pudieron recibir pagos de principal e interés que no procedían.

Swain emitió su fallo justo antes de decretar un receso en el primer día de la audiencia general de abril en los casos de Título III y donde tanto el organismo fiscal como diversos grupos de bonistas y acreedores, entre ellos, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), el grupo de bonistas constitucionales Ad Hoc-GO, aquellos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y aseguradores municipales buscan avanzar sus respectivas causas en el proceso de renegociación de las obligaciones de Puerto Rico.

La jueza indicó al abogado del Comité de Reclamaciones Especiales de la JSF, Edward S. Weisfelner, del bufete Brown Rudnick, que los argumentos de su cliente para concederle tiempo adicional no le convencían y que tampoco tenía jurisdicción porque no había un caso propiamente ante su consideración. El fallo adverso fue sin perjuicio, por lo cual, la JSF podría regresar a Swain con otros argumentos o consideraciones si lo cree necesario.

Hace unas semanas, ante la cercana expiración del plazo de dos años para radicar acciones de recobro o demandas contra terceros, la JSF pidió a Swain que le concediera un tiempo adicional. Entonces, la JSF indicó que a Swain que el Comité de Reclamaciones de la JSF tenía que embarcarse en una monumental tarea para recuperar la información de todos los bonistas tenedores de Obligaciones Generales, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la ASR y decidir si procedía demandarles. Específicamente, la JSF pondera ese curso de acción contra los bonistas que tendrían deuda emitida por el gobierno desde el año 2012 y que según el organismo fiscal podría ser ilegítima por haber rebasado las disposiciones de endeudamiento establecidas en la Constitución.

Según Weisfelner, de entrada, la JSF tuvo que solicitar a los bancos de inversiones en Wall Street que produjeran la información de los bonistas de la isla, lo que de inmediato recibió el rechazo de estos. La magistrada Judith Dein que atendió esa controversia, ordenó a los bancos a proveer la información, pero de acuerdo con el abogado, el número de bonistas es tan diverso y grande que estas entidades no podrán cumplir a tiempo con la instrucción de la corte, por lo que era meritorio conceder el tiempo adicional.

De acuerdo con Weisfelner, la cantidad que podría reclamarse de los bonistas por bonos que serían ilícitos podría ascender a $9,000 millones.

La JSF tiene hasta el próximo 2 de mayo para radicar acciones contra terceros en el caso del gobierno central y hasta el 20 de mayo en el caso de la ASR.

Un año perdido

De inmediato, la representación legal del grupo de bonistas organizados de la ASR indicó a Swain que no procedía el pedido de la JSF. Argumentó que en el caso de la ASR, la JSF dejó pasar un año sin tomar acciones concretas con la deuda vinculada a esa entidad y que el organismo fiscal pareció dedicarse a otros esfuerzos. Ello, porque no fue hasta finales del año pasado que decidió contratar a la firma Brown Rudnick para canalizar sus objetivos en materia de reclamaciones.

Mientras Swain emitió el fallo contra la JSF, se reservó aquél que pidió el grupo Ad Hoc-GO y que buscaba que la corte estableciera un procedimiento particular para notificar a los bonistas de la AEP del intento de la JSF para invalidar la deuda de esa corporación pública.

En ese caso, la jueza indicó que tomaría una decisión posteriormente. Ello, luego de que diversas partes, entre ellas las aseguradoras Ambac Assurance y Assured Guaranty y la Coalición de la Deuda Legítima dijeran que el recurso del Ad Hoc-GO no se justificaba, sea porque fuera prematuro o porque era condicional o discriminatorio.

En síntesis, el proceso que interesa el Ad Hoc-GO insta a que se notifique a los bonistas de la AEP, pero solo si la intención de la JSF es invalidar sus acreencias y si se dieran otras condiciones en otros procesos adversativos vinculados a la deuda de la isla.

De otra parte, y a pesar de las objeciones de National Public Finance Guarantee, extendió por otra semana el período para que las partes completen la presentación de argumentos en torno al pedido para levantar la suspensión automática de litigios en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En ese asunto, los bonistas de la corporación pública interesan que se deje a un lado la protección contra demandas provista en Promesa para que pueda decidirse si se nombra un síndico, un asunto que según la aseguradora municipal no debe posponerse más. La moción para determinar la designación de un síndico ahora se discutiría en corte a mediados de junio próximo.

Swain decretó un receso para reanudar los trabajos de una agenda de dos días en la audiencia general den la tarde y en la que falta discutirse, entre otras cosas, una moción de la JSF y el UCC acerca del proceso para demandar a quienes contribuyeron al colapso financiero de la isla.


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