La jueza Laura Swain deniega pedido al municipio de San Juan (horizontal-x3)
Swain sostuvo que ni el municipio de San Juan y tampoco el BGF demostraron plenamente tener la razón en sus respectivos argumentos. (Archivo / EFE)

Señalando que el proceso de negociación voluntaria que efectúa el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) podría descarrilarse, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain denegó este miércoles el pedido de interdicto que hizo el municipio de San Juan y que buscaba frenar la implementación del acuerdo de reestructuración de la deuda del otrora agente fiscal.

En una decisión de 18 páginas, Swain sostuvo que ni el municipio de San Juan y tampoco el BGF demostraron plenamente tener la razón en sus respectivos argumentos, pero tanto el estado de derecho como otra documentación cuya veracidad no es cuestionada, inclinan el balance de intereses hacia el otrora agente fiscal y los esfuerzos que realiza para llegar a un acuerdo a través del Título VI de la  Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

La decisión de Swain se produjo este miércoles, mientras Puerto Rico parece estar inmerso en un caos de grandes proporciones ante las fallas que exhibe el plan de respuesta articulado por el gobierno para responder a la emergencia causada por el huracán María y que van desde alcaldes que reclaman no recibir ayuda hasta el colapso de la cadena de suministro de combustible. Esto ante la falta de camiones suficientes para transportar el diésel y una infraestructura y capacidad limitada para servir ese suministro en momentos de una demanda histórica ante la falta de electricidad en toda la isla.

De acuerdo con Swain, si bien San Juan reclama que los municipios deben tener un trato distinto a los bonistas del BGF, la ley que dio paso al RSA del BGF establece que ninguna agencia o dependencia de gobierno tendrá “standing” para cuestionar el proceso.

El municipio de San Juan alegó que se le ha insistido en que favorezca el RSA a pesar de que el acuerdo no permite que este pueda cancelar el préstamo que posee con el BGF utilizando como pago los depósitos que el otrora agente fiscal le retuvo, cuando quedó descapitalizado hace un año. Grosso modo, en el RSA, los municipios recibirían un recorte de sus depósitos, pero tendrían que pagar los préstamos que poseen en su totalidad. San Juan mantiene unos $62 millones en depósitos en el BGF.

Hasta que se resolviera la controversia de fondo, San Juan buscaba poner un detente al RSA.

Sin embargo, según Swain, si se otorgara el interdicto, el BGF se expone a que las partes que ya firmaron un compromiso de respaldo al RSA podrían retirarse del acuerdo, provocando su colapso, empujando al BGF al Título III de PROMESA, que es el proceso de ajuste de deudas bajo la corte.


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