Ramón Orta enfrenta acusaciones por un alegado esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones. (GFR Media) (semisquare-x3)
Ramón Orta enfrenta acusaciones por un alegado esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones. (GFR Media)

El comienzo del juicio contra el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, tardará un año adicional en comenzar.

El juez federal Pedro Delgado pautó para el 1 de octubre de 2019 el inicio del juicio contra el exfuncionario por compromisos de su abogado, Francisco Rebollo.

Las acusaciones contra Orta se remontan al 21 de junio de 2017, cuando fue arrestado por una acusación relacionada a un supuesto esquema de fraude.

Rebollo indicó que había adelantado que le tomaría 90 días para evaluar la prueba contra su cliente y planteó que todavía necesitaba tiempo adicional para terminar.

Pero, señaló que en la primera mitad del próximo año no podrá atender este caso, porque tiene a su cargo la defensa de Alexis Candelario Santana, quien enfrentará un nuevo juicio por la “masacre de la Tómbola” (balacera en la que murieron nueve personas). Candelario Santana se expone a la pena de muerte.

De manera que, entre la selección del jurado a principios de año, hasta la segunda etapa del juicio por la pena capital, el proceso se podría extender hasta casi julio.

Ante ese panorama, las partes aceptaron la propuesta de Delgado de que se fije el juicio para el 1 de octubre de 2019.

Mientras, estableció que las partes tienen hasta el 14 de diciembre para la radicación de mociones dispositivas con antelación al juicio.

Luego, el 11 de enero habrá una vista de seguimiento y la fiscalía tiene hasta el 1 de julio para entregar a la defensa prueba exculpatoria.

Orta había rechazado una oferta para declararse culpable. Rebollo dijo que su cliente mantiene su reclamo de inocencia “desde el primer día, hasta el día de hoy y el primero de octubre aquí estaremos”.

Orta enfrenta acusaciones por un alegado esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones.

Según la acusación, el esquema consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD.

De los siete coacusados, Orta es el único que no se ha declarado culpable.

El primero fue Edgardo Vázquez Morales, precisamente el ayudante especial de Orta Rodríguez, quien se declaró culpable el 13 de febrero de los cargos de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense y soborno relacionado con programas recipientes de fondos federales.

Mientras, Irving Riquel Torres Rodríguez sometió formalmente una petición para cambiar su alegato de culpabilidad, convirtiéndose en el sexto coacusado en llegar a un acuerdo con Fiscalía federal, representada por Seth Erbe.

Según la investigación, el esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD. Todos los empresarios que encabezaban las compañías que supuestamente se lucraron del esquema o que incurrieron en actos ilícitos, se han declarado culpables.

Torres Rodríguez, a través de su compañía Administrative Environmental and Sports Consultants (AESC), tuvo un contrato con Orta Rodríguez de servicios profesionales para consultoría de propuestas, valorado en $11,700. Sin embargo, según se deriva de la investigación, la corporación con fines de lucro recibió $554,246.89 producto del esquema.

Juan Carlos Ortiz Nieves, fundador de Sports Consultants, se declaró culpable de haber sobornado a los dos funcionarios públicos, ofreciéndoles pagos en efectivos a cambio del arrendamiento de una propiedad en Guayama a precio inflado. La semana pasada, la esposa de Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, cambió su alegato de culpabilidad en una vista sellada.

Anteriormente, tanto Miguel Sosa Suárez -fundador de Global Sports Initiative-, como Oscar Rodríguez Torres -fundador de Rosso Group-, se declararon culpables de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.

De acuerdo con el pliego acusatorio, entre noviembre y diciembre de 2012, los coconspiradores se reunieron en la casa de Isla Verde de Torres Rodríguez para discutir proyectos del Departamento de Educación y acordaron que Amador López se encargaría de crear propuestas a nombre del DRD para someterle a la agencia educativa.

 En caso de que las propuestas se aprobaran, Torres Rodríguez y Amador López administrarían el proyecto, Rodríguez Torres lo financiaría, Sosa Suárez administraría el presupuesto y la contabilidad, y se dividirían las ganancias entre los tres. En efecto, se llegaron a firmar varios acuerdos interagenciales.

Surge de la acusación que Orta utilizó su puesto para beneficiar a las corporaciones creadas por los coacusados, otorgándoles contratos sin que mediaran los debidos procesos de licitación, y, a cambio, recibió pagos en efectivo, además de arreglos en su residencia y pagos asociados con viajes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y los Juegos Panamericanos del 2015.


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