La jueza Swain está a cargo del proceso judicial de quiebra que el gobierno de Ricardo Rosselló estableció para darle una reestructuración a la deuda pública, que ahoga las finanzas de Puerto Rico. (vertical-x1)
La jueza Swain está a cargo del proceso judicial de quiebra que el gobierno de Ricardo Rosselló estableció para darle una reestructuración a la deuda pública, que ahoga las finanzas de Puerto Rico. (GFR Media)

Casi nueve meses después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitara en nombre de Puerto Rico, la protección de la corte bajo el Título III de Promesa, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ha aprobado este miércoles una moción para establecer el proceso que deberán seguir contratistas, empleados, pensionados y empresas que hacen negocios con el gobierno y que interesan cobrar por los servicios o bienes que vendieron a agencias y corporaciones públicas.

Luego de preguntar repetidamente al abogado de la JSF, Paul V. Vossinger, las medidas que se tomarán para asegurar que la ciudadanía esté enterada de los eventos en torno al Título III, Swain avaló con enmiendas mínimas la moción del organismo federal y determinó que el 29 de mayo de 2018 será la fecha límite para que individuos, bonistas y contratistas presenten sus reclamaciones.

Según Vossinger, a finales de este mes, la JSF comenzará a publicar avisos del proceso de reclamaciones tanto en prensa escrita como en estaciones de radio. El abogado, socio de Proskauer, explicó que se publicarán anuncios en El Nuevo Día, Caribbean Business, el Miami Herald, El Diario en Nueva York y The Bond Buyer. En radio, en las estaciones WKAQ AM y WMEG FM (La Mega) se pautarán no menos de 28 cuñas acerca del proceso de Título III.

De igual forma, la JSF hará un envío masivo de correspondencia para informar a la ciudadanía con información tanto en inglés y español y se habilitarán centros de radicación de reclamaciones en San Juan, Ponce y el oeste de la isla. Además, habrá un sistema de radicación electrónica.

Luc Despins, abogado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), informó a Swain que el grupo mantiene conversaciones con la JSF para comenzar un programa de orientación a la ciudadanía utilizando en conjunto con las organizaciones de abogados y las escuelas de Derecho en la isla.

Swain sugirió a Despins que consideren hacer lo mismo en ciudades y estados de los Estados Unidos como Nueva York, Miami y Texas, a donde se han mudado miles de puertorriqueños, particularmente luego del paso del huracán María.

El préstamo de la AEE

De otra parte, Swain adelantó que a más tardar el martes próximo emitirá una orden para instruir a todas las partes cómo atenderá la moción de la JSF para obtener un préstamo de emergencia para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que se alega podría cerrar este mes sino recibe una inyección de dinero a la brevedad.

La JSF solicita a Swain que autorice un préstamo de hasta $1,300 millones de parte del gobierno central a la AEE, lo que ha provocado una avalancha de mociones de objeción e intervención de contratistas, aseguradores y bonistas.

En principio, la moción de la AEE se programó para discutirse este miércoles, pero durante el fin de semana, Swain determinó que presidiría una vista final del caso, el próximo 15 de febrero, en su sala en el distrito Sur de Nueva York.

En total, Swain ha recibido unas 29 objeciones de los acreedores, quienes de una forma u otra, dudan de las representaciones que ha hecho la JSF y el gobierno en torno a la falta de dinero en la AEE.


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