El magistrado federal discute los derechos de igualdad de los ciudadanos americanos.

La exclusión de programas federales, el discrimen en paridad de fondos y la falta de representación ante el gobierno de Estados Unidos son algunas de las controversias relacionadas con el estatus político de Puerto Rico en -al menos- tres casos ante el juez federal Gustavo Gelpí.

Ninguno de los tres casos tiene como objetivo principal impugnar la condición política, pero el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ha prestado atención especial a los argumentos de los abogados de la defensa, que plantean que la situación actual afecta los derechos de sus representados.

De prosperar en todas las instancias, los casos podrían cambiar precedentes históricos establecidos por la judicatura estadounidense sobre la isla. Pero, está por verse qué oportunidad tendrán a niveles superiores dado el historial de decisiones recientes que han sostenido la condición actual de Puerto Rico.

De lo que no queda duda es de la disposición del juez Gelpí para atender los cuestionamientos sobre la relación vigente de la isla con Estados Unidos y el rol del Tribunal Federal en velar por los derechos de los ciudadanos, según se desprende de varias opiniones y manifestaciones en su libro publicado el año pasado “La Evolución Constitucional de Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos”.

El tiempo ha llegado bastante tardíamente para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revisite y remedie el predicamento judicial anacrónico y denigrante que hoy día han sostenido por casi 110 años los casi cinco millones de ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos”, sostiene Gelpí en su libro.

El acercamiento de Gelpí al tema del status y la situación con los derechos de los ciudadanos se apoya en que el llamado “territorio no incorporado” es un invento que resultó de las decisiones del Supremo federal, en lo que se conoce como los casos insulares, por lo que los tribunales deben remediarlo.

“Este predicamento antidemocrático dentro del gobierno federalista es el resultado histórico de los casos insulares -una doctrina de pura invención judicial, sin ninguna base constitucional y que es contraria a todo precedente judicial y práctica territorial”, afirmó Gelpí en su publicación, en la que recoge opiniones suyas y de otros jueces como Juan Torruellas, juez puertorriqueño en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Pena de Muerte

Gelpí ha dado paso a estos debates, durante este año, en una acusación criminal que implica la pena de muerte y dos demandas civiles.

En uno de ellos, la defensa de Juan Pedro Vidal, quien enfrenta la pena de muerte, alega que su representado -como el resto de los puertorriqueños- no puede votar por el presidente de Estados Unidos, quien nombra al secretario de Justicia federal, que tiene a su cargo certificar los casos de pena de muerte.

Ante ese escenario, Gelpí ordenó a las partes a que profundicen sobre sus posiciones, incluyendo la discusión de la teoría conocida como “consentimiento del gobernado”.

Seguro Social Suplementario

Mientras, otro de los casos pendientes ante Gelpí es la demanda del gobierno de Estados Unidos contra José Luis Vaello Madero, para que devuelva los $28,000 que recibió del Seguro Social Suplementario (SSI), tras mudarse de Nueva York a Loíza.

Debido a que el gobierno federal no aplica ese beneficio para los residentes de Puerto Rico, Vaello Madero tenía que haber notificado sobre la mudanza para que se suspendieran los depósitos.

Su defensa alega violación a la igual protección de las leyes, mientras que Justicia federal ha argumentado que la Cláusula Territorial de la Constitución le permite al Congreso legislar de forma diferente hacia los territorios.

Desarrollos recientes relacionados a Puerto Rico, como por ejemplo, el aumento en la conciencia de su situación (en los Estados Unidos continentales) después del huracán María, así como el consenso nacional y local contra el trato tan dispar, pudiera motivar a las cortes a revisitar (los casos de) Califano y Harris”, escribió Gelpí en mayo pasado.

Por invitación de Gelpí, el tribunal ha recibido mociones, como amigos de la corte, de la comisionada Jenniffer González y la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quienes respaldaron el reclamo del demandado.

Discrimen en  Medicaid

El tercer caso es una demanda que revive un viejo pleito relacionado con el trato desigual en el programa de Medicaid.

Por considerarse un territorio, Puerto Rico no recibe la misma paridad para Medcaid como los 50 estados, por lo que el gobierno estatal termina pagando sobre $2,000 millones para el seguro medico del gobierno.

La demanda sometida en el 2006 se transó en el 2011, pero, durante el proceso, Gelpí llegó a emitir una opinión que establecía que con toda la legislación del Congreso desde 1898, Puerto Rico realmente ya era un territorio incorporado, por lo que merecía la paridad en Medicaid.

El tribunal no está tratando de ninguna manera de derogar los casos insulares como están aplicados a los territorios de Estados Unidos -solo la Corte Suprema puede hacerlo”, sostuvo el juez en la opinión de 2008.

“El tribunal, más bien, mantiene hoy que en el caso particular de Puerto Rico, una monumental evolución constitucional basada en continua y repetida anexión congresional ha tenido lugar”, agregó. “Por todo esto, el territorio ha evolucionado de uno no incorporado a uno incorporado”.

La administración gubernamental, que entró en el 2009, trató de apelar para buscar el remedio planteado por Gelpí.

Ignacio Fernández, abogado de los demandantes, el Consejo de Salud de la Comunidad de la Playa de Ponce - operando como Med Centro - dijo que, debido a que la disparidad no se ha resuelto, volvieron a demandar en febrero y el gobierno estatal figura como codemandante. 

“En septiembre de 2019, se acaba la asignación especial y vendrá lo que se conoce como el ‘cliff’ (barranco) médico, lo que dejaría hasta 900,000 personas sin la cubierta médica del gobierno”, señaló Fernández. “Por eso, es tan importante que ese trato desigual se resuelva”.

Aguijonear el proceso

Algunos observadores consideran que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos debe ser un asunto atendido por las ramas políticas del gobierno, mientras que otros entienden que los tribunales sí deben tener participación en el proceso.

“Para mí, es un privilegio tener jueces como Gelpí, extremadamente valiente ante los muchos asuntos que no se han resuelto en Puerto Rico”, indicó el abogado criminalista Ignacio Rivera, quien también es analista político de inclinación estadista.

Se necesita ser bien valiente y meticuloso para ir contra el status quo jurídico. Esos son los jueces que en el día de mañana pueden lograr que el estado jurídico cambie, porque se atreven a retarlo”, agregó Rivera.

Para el abogado constitucionalista, Carlos E. Ramos González, la atención de Gelpí a estos tres casos se suman a otros que ha tenido en el pasado, planteando la necesidad de revisar decisiones como la del Supremo federal en el caso Balsac de 1922, en el que se planteó el “territorio no incorporado”.

“El problema es que el Tribunal Supremo (de Estados Unidos) y el pueblo de Puerto Rico no han tomado una decisión final sobre la incorporación, ni mucho menos sobre la estadidad”, argumentó Ramos González.

Pero el juez (Gelpí), siempre que tenga la oportunidad, hará claro que la Constitución (estadounidense) y la Carta de Derechos de Estados Unidos debería aplicarse en su totalidad en Puerto Rico”, agregó el catedrático.

A fin de cuentas, Ramos González entiende que “son pocas” las posibilidades de que el Supremo federal dé paso a un cambio a los precedentes de los casos insulares.

Recordó que, hace apenas dos años, el máximo foro judicial de Estados Unidos mantuvo en el caso de Sánchez Valle el pleno poder de la Cláusula Territorial del Congreso, mientras que Puerto Rico no obtuvo ningún nivel de soberanía en 1952.

No obstante, Ramos González entiende que los tribunales federales sí pueden provocar que el gobierno actúe.

“Se trata de una actitud para provocar que la Rama Judicial federal tome una decisión que desafíe a las ramas políticas de gobierno, en términos de qué hacer con Puerto Rico, por el estado de indefensión territorial, que yo añado como colonial”, expuso.

Mientras, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, dijo que está en contra de que se atienda la relación política de Puerto Rico desde los tribunales.

Me parece un intento de activismo jurídico para impulsar una agenda de estatus por la vía judicial”, sostuvo Dalmau.

“Coincido en que no es un tema judicial. El Supremo de Estados Unidos, y en versiones apelativas, ha reafirmado que eso es un asunto político”, añadió el también abogado, al recordar que el Congreso aprobó la Ley Promesa días después de la decisión de Sánchez Valle.

“Y tan reciente como el verano pasado, la jueza (Laura Taylor) Swain comparó a Puerto Rico como si fuera una propiedad que el Congreso puede disponer del territorio”, apuntó. “No le veo más futuro que a nivel de instancia”.

Por su parte, el profesor de derecho y excomisionado del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Luis Acevedo, entiende que el caso de Sánchez Valle deja espacio para establecer cambios con decisiones judiciales en casos como los del SSI.

Entiendo que, en este caso, por su naturaleza, y la disposición del juez para entrar en asuntos controversiales sobre el trato igualitario, van a sentar precedente. Este es el mejor caso que he visto para sentar una pauta diferente en las últimas décadas”, expresó Acevedo.

Pero el también exalcalde de San Juan no cree que esos tipos de decisiones lleguen al punto de cambiar la interpretación judicial sobre el status de Puerto Rico.

“Ya eso envuelve un cambio político que no está contemplado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni en la mente de los jueces”, afirmó.


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