La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, y al fondo varios de sus miembros. (GFR Media) (semisquare-x3)
La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, y al fondo, varios de sus miembros. (GFR Media)

El Primer Circuito de Apelaciones extendió hasta el 15 de julio la moratoria que ha permitido a los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal operar, de haber declarado inconstitucional la forma en que fueron nombrados.

La determinación le da al Senado de Estados Unidos poco más de dos meses para confirmar los nombramientos de los actuales miembros de la JSF.

La semana pasada, el presidente Donald Trump anunció el nombramiento de los siete miembros de la JSF, pero no ha enviado las designaciones al Senado federal.

Aunque decidió extender del 15 de mayo al 15 de julio la moratoria, el Primer Circuito de Apelaciones rechazó esperar a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en torno al caso.

A mediados de febrero, un panel del Primer Circuito de Apelaciones federales, con base en Boston, determinó que los nombramientos hechos en agosto de 2016 a los actuales miembros de la JSF son inconstitucionales, pues se trata de funcionarios federales de alto nivel que requieren ser confirmados por el Senado.

Bajo la ley Promesa, el entonces presidente Barack Obama seleccionó a seis de los integrantes de recomendaciones que le hicieron los líderes del Congreso y nombró directamente a uno, al banquero José Ramón González.

El pasado día 29, el presidente Trump anunció su intención de nombrar a los siete miembros de la JSF, para que cumplan su término de tres años, que vence el 31 de agosto próximo.

La JSF ya presentó un recurso judicial ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en busca de que se revise la determinación del Primer Circuito sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos hechos por Obama.

La semana pasada,  la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), dijo a El Nuevo Día que se propone seguir el trámite regular de nombramientos, lo que requerirá que el presidente Trump entregue los documentos sobre los nombramientos, un análisis independiente de sus asesores, conversaciones con los candidatos, una audiencia de confirmación, una sesión de votación en comisión y finalmente en el pleno del Senado estadounidense.

Con solo 10 días para que venciera la fecha de la moratoria anterior, era prácticamente imposible seguir el trámite regular de nombramientos y tener a la JSF en operación el 16 de mayo.

El senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), cercano a los asuntos de Puerto Rico, ha indicado que espera que el proceso de confirmación “no sea automático”, pues quiere una evaluación ponderada de los candidatos y sus potenciales conflictos de interés. Lo mismo han reclamado el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), y la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

Al declarar el pasado jueves ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares vio con buenos ojos que el presidente Trump busque acabar con la incertidumbre sobre el futuro de la JSF, pero evitó, otra vez, tomar posición a favor o en contra de los nombramientos. Ni Rosselló Nevares ni ningún miembro del Comité de Recursos Naturales, pese a las enmiendas que se discuten, propuso derogar el estatuto o acabar con la junta.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jarekso, por su parte, afirmó que si la junta queda sin funcionar, “los casos (de reestructuración de deuda) del título III pueden ser desestimados, lo que ocasionaría un caos en los tribunales y en la isla”.


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