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Los reclamos de discrimen por parte del gobierno de Estados Unidos contra residentes de Puerto Rico en programas de beneficios federales obtuvieron una importante victoria hoy en el Tribunal de Distrito federal en San Juan.

El juez William Young denegó una moción del gobierno de Estados Unidos para desestimar una demanda sometida por diez residentes de la Isla alegando violación al derecho constitucional de Igual Protección de las leyes por no permitirles cualificar para varios beneficios federales al que sí tienen acceso ciudadanos en otras jurisdicciones.

La demanda reclama acceso al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), a subsidios de la parte D de Medicare y del Seguro Social Suplementario (SSI). Todos estos beneficios aplican a residentes de los estados, Washington D.C., Guam e Islas Vírgenes.

“Esto es un caso fascinante”, expresó Young, del Distrito federal de Massachusetts y quien atiende este caso como juez visitante.

Ayer celebró una vista por teleconferencia para evaluar la moción de desestimación, en la que participaron Katleyin Sullivan, abogada de los demandantes, y Daniel Reis, abogado del Departamento de Justicia federal en representación del gobierno de Estados Unidos

Reis reiteró el mismo planteamiento levantado por el gobierno de Estados Unidos en varios casos que argumentan discrimen contra residentes de Puerto Rico, en el sentido de que el Congreso tiene la potestad de legislar diferente en asuntos económicos.

Recalcó que el análisis racional para la exclusión se sostiene en que los residentes de Puerto Rico no pagan impuestos federales sobre ingreso.

Para el turno de Sullivan, el juez manifestó que su tribunal tenía de frente precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos que habían mantenido la exclusión.

Por su parte, Sullivan argumentó que, aunque esos casos mantuvieron la exclusión, destacó que fue bajo controversias diferentes y ocurrieron hace 40 años, periodo en el que “las leyes han evolucionado”.

Dijo que aquellos casos no eran por el reclamo de Igual Protección de las leyes hacia los residentes de la Isla, sino por el derecho a viajar, mientras que en las últimas cuatro décadas ha habido nuevas leyes sobre los derechos de los ciudadanos y decisiones del mismo Tribunal Supremo federal con interpretaciones sobre lo que es una base racional para exclusión.

Además, apuntó que aquellos casos no abordaban los programas de SNAP ni Medicare parte D.

La abogada sostuvo que si no se desestimaba la demanda podrían producir un récord de hechos y datos para refutar la aplicación de casos previos, incluyendo interpretaciones equivocadas por el Tribunal Supremo señaladas por la congresista Nydia Velázquez, quien se unió al caso como “amiga de la corte”.

Adelantó que también argumentarán que Puerto Rico sí contribuye al Tesoro de los Estados Unidos con sobre $3,000 millones anuales en impuestos federales, que es mayor a lo que pagan otros territorios cuyos residentes sí reciben algunos de esos beneficios.

Cuando el juez comentó que tenía que ser deferente con la discreción del Congreso para establecer “límites”, Sullivan expresó que los tribunales sí pueden establecerlos, de la misma manera que no pueden excluir a alguien por las letras que tiene su nombre o por la fecha de nacimiento.

“Entendemos que sí está en la posición de determinar si es racional dar beneficios como el SSI solamente a los residentes de algunos territorios”, manifestó Sullivan.

Finalmente, Young resolvió que “la moción se desestima”, por lo que pautó preliminarmente el juicio para abril de 2020.

“El caso es significativo… Entiendo que este tribunal tiene jurisdicción, que los demandantes tienen standing y que hay causa de acción”, afirmó el juez, quien mostró conocimiento sobre el tipo de controversia.

Incluso, cerró la vista dejando entrever que las partes en este caso podrían estar interesadas en las argumentaciones que se desarrollan en otro que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho de los electores ante la posibilidad de que se redistribuyan los mapas electorales.

“No sé si es material para análisis, pero se hizo una mención”, dijo Young, antes de marcharse del estrado.

La demanda de discrimen es una de varias en el tribunal federal. Esta en particular, que lleva el nombre de la ciudadana Sixta Gladys Peña Martínez, ha ganado apoyo de varios sectores. Además de la congresista Velázquez, se han sumado como amigos de la corte la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la organización Espacios Abiertos.


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