Sánchez Bauza fue arrestado en 2015 por cometer fraude por correo, ayuda y complicidad en el robo de dinero y propiedad del gobierno. (GFR Media)

El juez federal Jay A. García Gregory emitió ayer una orden de arresto contra José Sánchez Bauzá, uno de los ex empleados gerenciales de la compañía de servicios de tutorías Rocket Learning acusado en 2015 por fraude, tras presuntamente haber violado las condiciones de su libertad en espera de juicio. 

De acuerdo con una moción emitida por el oficial de probatoria Luis Encarnación, el 11 de septiembre de 2019, el acusado fue detenido en Orlando, Florida, en relación a una acusación en ese estado por presuntamente conspirar con otras personas con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, en hechos ocurridos aproximadamente el 30 de noviembre de 2018. 

“Un juez magistrado de la División de Orlando del Distrito Medio de Florida de los EE. UU. ordenó que el acusado fuera detenido y trasladado a la División de Tampa para procedimientos adicionales”, relató Encarnación en la moción, al tiempo que solicitó al Tribunal federal que emitiera una orden de arresto, “para que pueda mostrar la causa de por qué no se deben revocar sus condiciones de liberación”. 

Sánchez Bauza -quien fungía como gerente de programa en San Juan- fue arrestado inicialmente el 10 de septiembre de 2015 tras ser acusado por un Gran Jurado en la Corte de Distrito federal en San Juan, por conspiración para cometer fraude por correo, ayuda y complicidad en el robo de dinero y propiedad del gobierno, y ayuda y complicidad en el robo de identidad agravado. 

Ese mismo día, la jueza magistrada Silvia Carreño Coll, ordenó la liberación del acusado bajo condiciones en espera de juicio, incluyendo no violar ninguna ley federal, estatal o local mientras estuviera en libertad, recordó Encarnación en la moción. 

La acusación de 2015 en el caso de Rocket Learning incluyó a 31 ejecutivos de la empresa y 21 maestros, señalados por las autoridades federales por cometer un fraude de $954,300.

Precisamente el jueves, 12 de septiembre, la maestra Maritza Rosario Medina –una de las acusadas– fue sentenciada a un año de probatoria, tras haberse declarado culpable como parte del esquema de fraude en el Departamento de Educación. 

La convicta se declaró culpable por el robo de $900 en fondos de Título I destinados a brindar servicios de tutorías a los estudiantes de escuelas públicas. 

Los cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado le fueron desestimados, luego que su abogado Eduardo Ferrer llegó a un acuerdo con los fiscales Seth Erbe y José Capó.   

La selección de jurado para el juicio contra los restantes acusados está pautada para el 14 de enero de 2020.

Este caso resonó en febrero pasado, cuando el juez García Gregory emitió una orden de arresto contra la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, por el atraso en la entrega de documentos solicitados por Rocket Learning para preparar su defensa en el caso.

Keleher no fue arrestada después de que el personal de su oficina acordó la entrega a los abogados de Rocket Learning.



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