Julia Keleher, secretaria del Departamento de Educación. (horizontal-x3)
Julia Keleher, secretaria del Departamento de Educación. (Juan Luis Martínez)

El Departamento de Educación no podrá suspender el pago mediante depósito directo a sus empleados, como propuso el mes pasado la secretaria, Julia Keleher, luego que un juez del Tribunal de San Juan determinara que esto violenta derechos constitucionales del personal de la agencia.

En enero, la titular de la agencia emitió una directriz en la cual ordenaba a todos los empleados de la agencia a actualizar su información en el Portal del Empleado, disponible en la página cibernética de Educación. En ese momento, Keleher sostuvo que a raíz de las decisiones que se tomaron y las interrupciones de servicios básicos tras el paso de huracán María, se desconocía con exactitud la ubicación de todos los trabajadores, particularmente el personal docente.

Los empleados que no actualizaran sus datos en o antes del 26 de enero tendrían que recoger sus cheques en las oficinas centrales de Educación, pues se suspendería el servicio de depósito directo, lo cual fue impugnado en el tribunal por la organización magisterial Educamos.

El grupo solicitó que se paralizara la suspensión de los pagos como medida punitiva, pues señalaron que perjudica directamente a los maestros que realizaron el trabajo y verían interrumpido el pago por la labor que ya hicieron. Educación intentó infructuosamente que se desestimara la demanda.

“No existe controversia en que la directriz señalada en la carta del 19 de enero de 2018 es válida. No obstante, no así la medida disciplinaria impuesta de no cumplir dicha orden por constituir una carga irrazonable y onerosa que afecta el debido proceso de ley de los empleados de Departamento de Educación garantizado constitucionalmente”, lee la sentencia firmada por el juez Anthony Cuevas Ramos, quien señaló que la orden de la secretaria no tiene base en leyes ni reglamentos vigentes.

“Toda medida disciplinaria impuesta por la secretaria de Educación que infrinja el debido proceso de ley de sus empleados es inconstitucional, al coartar el interés propietario que ostentan sobre su sueldo, particularmente cuando este ya ha sido devengado”, añade el documento.


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