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El Supremo resolvió que es improcedente activar la veda electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó este miércoles una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que había dispuesto que la veda electoral le aplicaba al plebiscito de estatus que se celebrará el próximo 11 de junio.

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Según informó esta noche la oficina de prensa de la Administración de los Tribunales, la opinión Per Curiam emitida por la mayoría de ese tribunal sostiene que el precedente judicial que usó la CEE para emitir la mencionada resolución representa una normativa errónea, por lo que procedió a revocarlo y resolvió que es improcedente activar la veda electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico.

Este artículo dispone -entre otras cosas- que "durante el año en que se celebre una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la celebración de la misma, se prohíbe a las agencias del gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación, así como para la compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes".

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El precedente utilizado por la CEE data de 1994 y en el mismo el Tribunal Supremo había resuelto que la veda electoral era un imperativo constitucional por el principio de igualdad electoral establecido en la Constitución de Puerto Rico.

Cuatro magistrados emitieron opiniones disidentes. Estos fueron la jueza presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez.

El caso fue incoado por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar. La controversia comenzó el 13 de febrero pasado, cuando el entonces comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha, presentó una solicitud para la activación de la Junta Examinadora de Anuncios de cara al proceso plebiscitario autorizado por la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, aprobada por la Legislatura el 3 de febrero.

Burgos Andújar se opuso a esa solicitud por entender que la veda electoral sólo procedía durante las elecciones generales.

Ante la disputa, la controversia fue sometida ante la presidenta de la CEE, Liza García, quien emitió la resolución que provocó la opinión del más alto foro judicial del País.


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