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Anaudi Hernández.(Archivo/ GFR Media)

En una vista que no figuró ayer en el calendario oficial de la Oficina de la Administración de los Tribunales, la jueza Elizabeth Linares Santiago, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para juicio contra el otrora recaudador de la Pava, Anaudi Hernández Pérez y su esposa Verónica Ponce Peña.

La pareja y la empresa Kendall Consulting Group enfrentaban cargos de evasión contributiva por presuntamente dejar de reportar $476,147 en ingresos durante el año 2014.

El fiscal Iván de Jesús sentó a un solo testigo: Juan Pérez Rijos, agente fiscal del Departamento de Hacienda.

Una vez que terminó este testimonio, de Jesús sometió su caso, pese a la lista de testigos de cargo incluía a un contable y a otros peritos en la materia y se habían escogido dos días para el proceso.

El licenciado Carlos Sagardía Abreu explicó a endi.com que el propio testigo del Estado quebró la teoría del Departamento de Justicia, que postulaba que Hernández Pérez y su esposa intencionalmente se abstuvieron de presentar su planilla de contribución de ingresos.

Sagardía Abreu detalló que Pérez Rijos declaró que Hacienda inició una investigación en torno al exrecaudador de la Pava a petición del Departamento de Justicia. 

Esa solicitud surgió a raíz de un artículo de prensa publicado el 3 de diciembre de 2015, día en que agentes federales arrestaron a Hernández Pérez por gestar un esquema de venta de influencias para cebarse de contratos gubernamentales bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Dos meses después, Hernández Pérez se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con el ministerio fiscal. Como parte de esta transacción, el otrora recaudador de fondos declaró en el juicio federal celebrado el año pasado y que culminó con la convicción de cuatro coacusados.

Sagardía Abreu precisó que a través del testimonio de Pérez Rijos quedó demostrado que Hacienda violentó sus propios procesos y que investigó a Hernández Pérez de “manera selectiva e irregular”.

Aclaró que Hernández Pérez no evadió la radicación de planillas, sino que confrontó problemas para cumplir con el trámite.

Explicó que el hombre no podía salir de su casa porque estaba bajo arresto domiciliario por el caso federal, su contable Carlos Quintana había retenido los documentos para la radicación de la planilla y el Banco Popular le requería una cifra onerosa al ahora convicto federal por entregarle sus estados financieros.

La situación de los documentos retenidos se atendió luego de que la jueza Linares Santiago emitió varias órdenes, una acción que permitió que Hernández Pérez presentara la planilla, según el abogado defensor.

“Este es el único caso donde se presentan cargos de evasión contributiva por una sola planilla”, resaltó el abogado que compartió las labores de defensa con su padre Antonio Sagardía de Jesús.

Por reglamentación interna, Hacienda suele referir a Justicia los casos donde un contribuyente evade su responsabilidad contributiva durante cinco años consecutivos.

Debido al manejo de caso, Sagardía Abreu emplazó a la secretaria de Justicia a que investigue a la fiscal Gretchen Camacho, quien dirigía la División de Integridad Pública y Delitos Económicos y la persona que autorizó la presentación de cargos contra su representado.

“La fiscal Gretchen Camacho tiene un patrón de presentar casos temerarios”, aseveró el letrado.


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