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El exsecretario del DRD, Ramón Orta. (GFR Media)

El empresario Juan Carlos Ortiz Nieves se declaró hoy, martes, culpable de haber sobornado al exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) Ramón Orta Rodríguez y a su ayudante, en un acto vinculado con programas recipientes de fondos federales.

Frente a la jueza Silvia Carreño Coll, en la sala 8 del Tribunal Federal de Hato Rey, Ortiz Nieves -de 41 años de edad y administrador de una empresa familiar- cambió su alegato de culpabilidad, acompañado de su abogado Godwin Aldarondo y en presencia del fiscal federal Seth Erbe.

Si el juez Pedro Delgado Hernández acoge la recomendación de la Fiscalía, Ortiz Nieves enfrentaría cuatro años y nueve meses de cárcel, se le confiscaría un monto de $15,080, pagaría una restitución dictada por la corte, y se le desestimarían dos transacciones monetarias ilegales valoradas en $12,000 cada una. Las múltiples transacciones contenidas en el pliego acusatorio son producto de actividades ilícitas, como robo de fondos públicos, soborno a funcionarios gubernamentales y fraude electrónico.

La pena máxima para el cargo de soborno es 10 años de cárcel, con una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.

En su totalidad, el esquema de enriquecimientoilícito está valorado en unos $9.9 millones, y supuestamente consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal con propuestas gestionadas a través del DRD que beneficiaron a compañías creadas intencionalmente para lucrarse del esquema.

A la par, fueron beneficiados con pagos en efectivo los dos funcionarios gubernamentales que, según la investigación, estuvieron a la cabecilla del esquema: el exsecretario del DRD Ramón Orta Rodríguez y su exayudante especial, Edgardo Vázquez Morales, quien se declaró culpable el pasado 13 de febrero.

Según el pliego acusatorio, los coconspiradores conocieron a Ortiz Nieves en noviembre de 2014, y, acto seguido, este se dedicó a pagarles a Orta Rodríguez y Vázquez Morales bebidas, comidas y juegos de golf. En esas actividades sociales, el trío comenzó a discutir la posibilidad de arrendar una propiedad de Ortiz Nieves en Guayama para utilizarla como una instalación deportiva y recreativa durante cinco años.

Se desprendió de la investigación que Ortiz Nieves se embolsilló unos $72,000 de fondos públicos obtenidos de manera ilícita a través de la “Sucesión A”, dueña de la propiedad en Guayama y la cual ha sido descrita como una entidad con “múltiples miembros, incluyendo el acusado Ortiz Nieves”.

El potencial lucrativo se materializó debido a que la renta mensual de $8,500, inicialmente propuesta por Ortiz Nieves, fue elevada a $14,500 mensuales. En común acuerdo, de ese aumento de $7,000, Ortiz Nieves comenzó a pagar una porción a Orta Rodríguez y Vázquez Morales, quienes se dividían los pagos en efectivo. Hoy, el empresario admitió el soborno a funcionarios públicos, al haber ofrecido corruptamente un objeto de valor para influir o recompensar a los funcionarios.

Además, el 12 de enero de 2016, Ortiz Nieves fundó la empresa Sports Consultants para, supuestamente, transferir los fondos obtenidos del arrendamiento, retirar dinero en efectivo y pagar los “kickbacks” a Orta Rodríguez y Vázquez Morales.

Hasta el momento, de los siete coacusados originales, solamente enfrentarán juicio Orta Rodríguez y el excontratista Irving Riquel Torres, quien, supuestamente, se lucró ilícitamente a través de un contrato de servicios profesionales para consultoría de propuestas por $11,700.

Sin embargo, Orta Rodríguez podría quedarse completamente solo de cara al proceso judicial, ya que, a petición de las partes, Riquel Torres tendrá una vista individual el próximo 18 de junio ante la magistrada Camille Vélez, para la cual ya sometió una renuncia a la acusación formal.

La semana pasada, la esposa de Riquel Torres, Cecilia Amador López cambió su alegato de culpabilidad en una vista sellada. Anteriormente, tanto el excontratista Miguel Sosa Suárez como el fundador de la corporación Rosso Group, Oscar Rodríguez Torres, se declararon culpables de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.


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