La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez. (GFR Media) (semisquare-x3)
La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez. (GFR Media)

Un gran jurado federal acusó ayer a un hombre identificado como Gopalkrishna Pai por conspirar para cometer fraude electrónico y bancario, anunció hoy, jueves, la fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez

Pai era propietario y manejador de la empresa F9 Advertising LLC (F9), una compañía de responsabilidad limitada (limited liability company) con fines de lucro registrada en Puerto Rico en mayo de 2014 bajo la Ley de Servicios de Exportación, mejor conocida como la Ley 20 de 2012.

"Esta persona se aprovechó de Puerto Rico y la Ley 20 para crear una empresa, F9 Advertising, para generar ingresos significativos a través de un esquema fraudulento basado en mentiras y documentos falsificados", subrayó Rodríguez-Vélez durante una conferencia de prensa. Se trata del primer empresario beneficiado por la Ley 20 que es señalado por las autoridades federales.

La acusación sostiene que aproximadamente desde mayo de 2014 hasta octubre de 2018 el demandado conspiró, ideó y participó en un plan para estafar a varios procesadores comerciales (empresas que prestan servicios a otras para procesar pagos electrónicos como los de tarjeta de crédito) y a otros mediante el envío de información falsa y documentación falsificada para crear cuentas comerciales en nombre de compañías fantasmas, para procesar tarjetas de crédito y pagos electrónicos, y de esa manera enriquecerse de manera ilegal.

Para disfrazar su participación, Pai creó y utilizó 116 compañías a nombre de otras personas para facilitar el procesamiento de aproximadamente $98 millones en ingresos brutos en ventas por internet, que generaron aproximadamente $7 millones en ganancias para el acusado, explicó la jefa de Fiscalía federal. Las tarjetas de crédito y otros pagos procesados se pagaron a cuentas a nombre de las compañías fantasmas, controladas por el acusado y transferidas a F9.

Contra el individuo pesan 34 cargos, de los cuales 19 son por fraude electrónico, cinco por robo de identidad agravado y nueve cargos de lavado de dinero. La investigación fue realizada por el FBI y continúa en curso. Uno de los ángulos que persigue la pesquisa es determinar si Pai actuó solo o si otras personas estuvieron envueltas en el esquema. 

El fiscal federal auxiliar Seth A. Erbe explicó que, según la pesquisa, las personas cuya información fue utilizada para las compañías fantasmas tenían conocimiento de que se estaban utilizando sus datos, aunque no quedó claro hasta qué punto. El FBI investiga si hubo complicidad en esos casos. 

'Ellos sí sabían que [se] estaba usando su información", afirmó Erbe. "Tenemos que ver cómo estaban envueltos en todo esto”. 

De ser hallado culpable, el acusado se enfrenta hasta 20 años en prisión por los cargos de conspiración, fraude electrónico y bancario. También se expone a dos años por cada cargo de robo de identidad agravado y hasta 10 años por lavado de dinero.

La fiscalía federal indicó que el hombre mantenía una residencia en Bayamón, aunque se encontraba fuera de la isla. Pai fue arrestado esta mañana por las autoridades federales a las afueras de la ciudad de Dallas en Texas, donde se encontraba el acusado.

El fiscal federal auxiliar confirmó en respuesta a El Nuevo Día que, además de la acusación a nivel federal, existe otra demanda civil en la Corte de Puerto Rico por parte de la Federal Trade Commission (FDT) en contra de Pai. 

"El FTC está enfocado en lo que estaba pasando online y las ventas en línea”, indicó Erbe. La FTC es una agencia federal bipartidista de protección a los consumidores. 

Ojo a las compañías bajo las leyes 20 y 22

Puerto Rico es particularmente vulnerable al lavado de dinero por varios factores, como la proximidad con Suramérica y la ausencia de "un sinnúmero" de agencias federales que normalmente monitorean las instituciones financieras en el resto de los Estados Unidos, explicó Douglas A. Leff, director del FBI en Puerto Rico y el Caribe. Asimismo, el director sostuvo que la existencia de leyes únicas en la isla, como la 20 y la 22 sobre incentivos contributivos, aumentan la vulnerabilidad.   

Estas leyes, afirmó Leff, "fueron iniciadas con a la buena intención de darle la bienvenida a nuevos empresarios a Puerto Rico. Sin embargo, siempre habrá criminales quienes abusarán de estas oportunidades para iniciar compañías ficticias para lavar dinero y evitar ser detectados por las autoridades".

Según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), dicha agencia ha aprobado 1,591 beneficiarios de la Ley 20, así como 2,312 beneficiarios de la Ley 22 entre año 2012 y el 2019. 

El director añadió que puede ser muy difícil reconocer una compañía ficticia cuando está bajo las leyes  20 y 22. "Continuamos advirtiendo a las instituciones financieras para aumentar la posibilidad de que ellas puedan identificar patrones de transacciones o sospechas que sean consistentes con las que hemos observado de lavado de dinero”, manifestó. 

La compañía F9 se dedicaba a la venta de productos para el cuidado personal, como cremas para la piel, a través de Internet utilizando un modelo de mercado conocido como "de opción negativa".

"Estamos hablando de que se está tomando ventaja de personas inocentes que a lo mejor están comprando un producto simplemente porque entienden que es gratis y que lo que van a pagar es shipping (cargo por envío)”, manifestó Rodríguez-Vélez. 

El modelo de opción negativa se trata de una categoría de transacciones comerciales en la que los vendedores interpretan el hecho de que un cliente no tome una acción afirmativa, ya sea para rechazar una oferta o cancelar un acuerdo, como consentimiento para cobrar de manera continua por bienes o servicios. Es decir, que se les continuó cobrando un cargo a las personas que compraron productos. 

“El señor y su compañía estaba operando aquí en Puerto Rico. Las ventas eran por internet”, de modo que aunque la empresa operaba desde la isla, las ventas ocurrían en cualquier parte del mundo, indicó Erbe.

Pai obtuvo Números de Identificación Patronal individuales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para cada una de las compañías fantasmas y abrió cuentas bancarias comerciales individuales bajo su control. Luego se crearon documentos falsos que se enviaron a los procesadores comerciales para crear cuentas de comerciantes y así procesar las ventas en línea y poder disfrazar su participación.


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