Según el acuerdo, si el Tribunal Federal de Islas Vírgenes acoge la alegación de culpabilidad, la fiscalía federal solicitará que les desestimen los cargos de fraude en la acusación original. (GFR Media) (semisquare-x3)
Según el acuerdo, si el Tribunal Federal de Islas Vírgenes acoge la alegación de culpabilidad, la fiscalía federal solicitará que les desestimen los cargos de fraude en la acusación original. (GFR Media)

El exasesor del Partido Popular Democrático (PPD) Leovigildo Gómez Geo y otros dos residentes de Puerto Rico se declararán culpables por un cargo menos grave tras llegar a acuerdos con la fiscalía federal, que originalmente los había acusado por fraude con fondos federales en Islas Vírgenes.

Gómez Geo, Wilfredo Valentín Pérez y Luz Soraya Rodríguez hicieron alegación de culpabilidad por un cargo de malversación de fondos federales que no exceden la cantidad de $1,000. Esta acusación es significativamente menor a los cargos que había emitido un Gran Jurado en febrero pasado por fraude con fondos para la recuperación tras el huracán María.

Ante este arreglo, para cada uno se abrió un expediente separado del caso original en el Tribunal Federal de St. Thomas.

En el acuerdo, los tres aceptan que trabajaron para una compañía, facturando gastos de hospedaje y de dietas por el trabajo relacionado a un contrato subsidiado por el Programa de Refugio y Energía Temporera (STEP) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Documentos judiciales señalan que, para el 1 de octubre de 2018, Gómez Geo “preparó y sometió, y ayudó en la preparación y radicación, de una factura por los gastos de hospedaje” de una persona identificada por las iniciales de A.C.A., “aunque sabía que esa persona no estaba en St. Croix en ese momento”.

La misma alegación también pesa contra Valentín Pérez y Rodríguez, pero en referencia a otros trabajadores identificados con las iniciales de R.F.P. y D.V.

El acuerdo establece que, si el Tribunal Federal de Islas Vírgenes acoge la alegación de culpabilidad, la fiscalía federal solicitará que les desestimen los cargos de fraude en la acusación original.

Por declararse culpable a la sección 641 del Título 18 del Código Criminal de Estados Unidos, los tres acusados se exponen a una sentencia de un máximo de un año en prisión, a una multa de hasta $100,000 y a un término de libertad condicionada de hasta un año.

De esta manera, evitan exponerse a una sentencia mayor por los cargos de conspiración para cometer fraude, fraude electrónico y robo de identidad agravada.

Estos cargos todavía pesan contra la principal acusada en el alegado esquema de fraude, identificada como Juli Campbell, dueña de la empresa Campbell Development, registrada en San Juan.

El tribunal había establecido un calendario para atender el caso dentro de los términos de juicio rápido, comenzando el 29 de abril, pero la defensa de Campbell solicitó tiempo adicional, por lo voluminoso del descubrimiento de prueba, que consiste en 15,000 páginas de documentos y grabaciones.

Los documentos de los acuerdos de Gómez Geo, Rodríguez y Valentín Pérez no indican si cooperarán o no con las autoridades.

Sin embargo, la moción de Campbell para solicitar tiempo adicional para preparar su defensa indica que la fiscalía federal planteó en una vista anterior que los otros tres acusados “han provisto descubrimiento (de prueba) recíproca que estaba siendo copiada y numerada y que se nos puede proveer copia de este nuevo descubrimiento pronto. El descubrimiento en este caso ha crecido y falta que termine”.

Ante ese panorama, la defensa solicitó más tiempo para que “la señora Campbell revise todo el descubrimiento para preparar su defensa adecuadamente para juicio y/o continúe y considere negociaciones para declararse culpable”.

Un gran jurado federal de las Islas Vírgenes estadounidenses emitió la acusación después de varios meses de quejas de empleados y contratistas contra esa empresa, registrada en Departamento de Estado de Puerto Rico en marzo de 2018.

Campbell Development había sido subcontratada por una compañía que tiene contratos con la Autoridad de Vivienda de las Islas Vírgenes estadounidenses y FEMA.

De acuerdo con el pliego acusatorio, Campbell provocó que trabajadores de la compañía entregaran en blanco las horas de labor, pero firmadas, para luego ser llenadas con información falsa por parte de los empleados en la oficina.

El pliego añade que “Campbell entonces incluía tablas de horarios falsas con las facturas” para que le fueran entregadas a la compañía que había subcontratado a Campbell Development - identificada solo por las iniciales de P.R.G. - por trabajo no realizado en la reconstrucción de hogares.

Ese pliego también alega que Pérez y Rodríguez negociaron pagos de hospedaje para los trabajadores significativamente por debajo de lo que establecen las reglas federales, incluso alojando a varios en un mismo cuarto.

Mientras, alega que Gómez Geo, Pérez y Rodríguez sometieron facturas falsas que reflejaban completo cumplimiento con dichas reglas.

Agrega que como parte del esquema siguió llevando trabajadores desde Estados Unidos, pese a que no tenían tareas para realizar en la isla de St. Croix.

Las facturas falsas incluidas en la acusación suman sobre $740,000.


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