El juez superior Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar la petición de un injuction permanente radicada por varias organizaciones sindicales que representan a educadores. (GFR Media) (horizontal-x3)
El juez superior Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar la petición de un injuction permanente radicada por varias organizaciones sindicales que representan a educadores. (GFR Media)

Los empleados de la Rama Ejecutiva que deseen desafiliarse de sus sindicatos deberán esperar a que se cumpla el año desde la fecha de efectividad que exige la Ley 134-1960.

Las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas no podrán aceptar revocaciones de autorizaciones de cobro de cuotas de organizaciones bona fides antes de cumplirse el término, luego de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan declarara hoy, miércoles, nula una directriz en un memorando de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos a estos fines.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar la petición de un injuction permanente radicada por varias organizaciones sindicales que representan a educadores.

“Se determina que la directriz #6 del memorando en controversia es nula en tanto y en cuanto intentó revocar el Art. 2 de la Ley 134 la cual fue válidamente aprobada”, estipula la sentencia. “No se puede utilizar un memorando de una agencia para contravenir una ley válidamente aprobada y que se encuentra vigente, en violación de la doctrina constitucional de la separación de poderes”.

La Ley 134-1960 establece en su artículo 2 que: “las autorizaciones para el pago de cuotas que bajo esta ley hagan los empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrán revocarse un año después de la fecha de su efectividad”.

La demanda contra el Estado Libre Asociado y la Universidad de Puerto Rico fue presentada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios; Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical; la Federación de Maestros de Puerto Rico; la Hermandad de Trabajadores de Servicio Sociales; la Organización nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico, y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación.

El gobierno alegaba que, a tenor con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus vs. AFSCME, los empleados públicos pueden revocar la autorización de descuentos de su salario para el pago de cuotas de membresía de la unión en cualquier momento.

No obstante, Cuevas Ramos determinó que hay una diferencia esencial en ambas instancias por lo cual no aplica el fallo del caso de Janus, y coincide con la parte demandante.

Según la decisión del tribunal, en Janus vs. AFSCME se les cobraban cargos por servicio a los empleados no afiliados, que claramente no deseaban pertenecer a la unión. Mientras que, en este caso, los empleados públicos que pertenecen a las uniones sí desean pertenecer a la asociación bona fide al permitir que se les descuenten las cuotas correspondientes.

“Cumplir con lo ordenado por el memorando colocaría a las agencias en un estado de indefensión al no saber con cuánta matrícula contarán anualmente y, ciertamente, estas asociaciones dependen de sus empleados afiliados para subsistir. Por todo lo cual, procede conceder el remedio interdictal peticionado”, lee la sentencia.

La demanda fue radicada el pasado 27 de julio de 2018.


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