La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sostiene que  Itza García (en la foto),  ex secretaria asociada de la Gobernación, intentó  obstruir la investigación sobre el escándalo del chat de Whatsapp. (semisquare-x3)
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sostiene que Itza García (en la foto), ex secretaria asociada de la Gobernación, intentó obstruir la investigación sobre el escándalo del chat de Whatsapp. (Vanessa Serra Díaz)

Para la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, “deja mucho que decir” que la investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) concluyera que, del grupo del Plan para Puerto Rico, solo el exjuez Rafael Ramos Saénz actuó ilegalmente.

La OPFEI determinó que ningún otro miembro del equipo de campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares que participó de los intercambios político electorales con Ramos Sáenz, a través de la aplicación de WhatsApp, incurrió en violaciones al Código Penal o Electoral.

Los fiscales especiales indepenientes Iris Meléndez, Ramón Mendoza y Guillermo Garau presentarán 15 cargos contra el también expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el jueves, 1 de noviembre, en el Centro Judicial de Aguadilla. Ayer, no se especificaron los delitos que se le imputarán.

La OPFEI, en cambio, eximió de responsabilidad penal a la ex secretaria asociada de la Gobernación Itza García Rodríguez, a la exjefa de la Administración para el Sustento de Menores (Asume) Waleska Maldonado Claudio, al exejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Yoniel Arroyo y a la exdirectora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación Yesenia Díaz.

“Los fiscales determinaron que no existe prueba alguna tendente a demostrar que estas personas incumplieron alguna ley penal”, afirmó la presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives.

La exjueza insistió que la determinación de presentar cargos la toman los fiscales y no los miembros del panel.

Previamente, el panel había determinado que las acciones del exsecretario de la Gobernación William Villafañe, referidas por el Departamento de Justicia, no ameritaban siquiera una investigación de un FEI.

Según Cotto Vives, del análisis que realizaron los fiscales especiales tampoco se desprende que la ex secretaria asociada de la Gobernación haya intentado obstaculizar la pesquisa preliminar que sobre estos hechos hizo Justicia.

Fue la secretaria de Justicia quien refirió a la OPFEI el caso del exjuez, pero también solicitó a esa entidad que evaluara las actuaciones de los demás funcionarios que activamente interactuaron sobre temas políticos con Ramos Sáenz en plena campaña electoral, cuando él se desempeñaba como presidente de la junta local de la CEE en Moca.

Al hacer el referido, Vázquez Garced indicó que García Rodríguez había intentado afectar la pesquisa, pero según la presidenta del panel, “no hay ninguna base para creer que eso ocurrió”.

Insatisfacción en Justicia

Vázquez Garced cuestionó que una investigación, sin entrevistarla a ella como perjudicada, concluyera que no hubo un intento de intimidarla para obstruir la pesquisa que conducía sobre las conversaciones en WhatsApp entre el exjuez y los exfuncionarios del gobierno.

“No sé si esa investigación la hicieron, porque yo no he sido entrevistada nunca, en ningún momento, con relación a eso. Tampoco tengo conocimiento que la jefa de fiscales, que hizo el referido, haya sido entrevistada”, dijo Vázquez Garced.

“Así que no entiendo cómo un caso puede ser resuelto sin entrevistar al perjudicado y sin entrevistar al querellante”, añadió.

La secretaria dijo a El Nuevo Día que, “salvo que puedan anticipar o adivinar”, los investigadores debieron conversar con las partes para determinar si hubo o no intimidación o la intención de obstaculizar la pesquisa.

“¿Qué me llevó a mí a sentirme de esa manera? No hay forma de que responsablemente un fiscal tome la determinación de cerrar una investigación sin entrevistar a las partes”, insistió.

Sobre la determinación de la OPFEI de no radicar cargos a los demás funcionarios, la secretaria dijo que aguardará por que se concrete la radicación de cargos la semana que viene.

“Quiero ver cuál es la explicación que se pueda hacer con relación a las determinaciones del FEI, no solamente del juez, sino de los funcionarios que fueron sometidos”, expresó Vázquez Garced. “La única información que nosotros tenemos, hasta este momento, es el parte noticioso de que ellos van a someter contra el exjuez, no así contra los otros funcionarios”, agregó.

Vázquez Garced dijo que prefiere esperar para ver si la OPFEI ofrece alguna información adicional sobre la investigación que se realizó en torno al caso.

“Yo creo que el pueblo de Puerto Rico completo vio los chats, vio las conversaciones, así que en ese sentido, vamos a esperar”, mencionó la funcionaria.

Preocupa la impunidad

En tanto, el senador Aníbal José Torres, quien destapó el escándalo del WhatsApp hace meses, se mostró preocupado porque la determinación de la OPFEI de no presentar cargos contra los demás funcionarios involucrados haga “prevalecer la impunidad” y, por lo tanto, no sea un disuasivo al mal uso de la autoridad.

“Nosotros cumplimos con nuestro deber y son otros los que tienen que responder por el buen y juicioso ejercicio de su responsabilidad”, expresó el senador de la minoría popular.

“El hecho de que la entidad encargada de estos casos solamente decidió encausar a uno de los participantes choca con la realidad que todos conocen”, aseveró.

Durante la campaña plebiscitaria y electoral de 2016, García Rodríguez, quien presidía el Plan para Puerto Rico, que se convirtió en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, creó dos grupos de conversación en la plataforma de WhatsApp para mantener comunicación entre el colectivo.

En esos dos chats, Team P3R-Coffee Break y P3R Estructura Gerencial, estaba como miembro participante el entonces juez municipal Ramos Sáenz, quien como parte de sus funciones judiciales, presidía la junta local de la CEE en Moca.

Tras una investigación sobre estos hechos dirigida por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), se supo que Ramos Sáenz también formó parte del grupo que trabajó lo concerniente al presupuesto base cero que se incluyó en la plataforma del PNP y que incluso el entonces juez presuntamente estuvo involucrado en la redacción de una Orden Ejecutiva que firmó Rosselló Nevares en sus primeras gestiones como gobernador.

El primer ejecutivo ha negado que conociera a Ramos Sáenz en ese entonces y varios de los participantes del chat han rechazado que supieran sobre las funciones judiciales que tenía.

Cerca de 50 personas, entre ellos varios abogados, participaban en esos chats.

En diciembre de 2017, Ramos Sáenz fue ascendido a juez superior y en enero de 2018, se le nombra presidente de la CEE.

En febrero de 2018, tras la denuncia que hizo el senador Torres, Ramos Sáenz renunció a la Comisión y posteriormente a la Judicatura.

La investigación del Departamento de Justicia arrojó que la prueba recopilada en la pesquisa preliminar era suficiente para creer que el exjuez hubiese incurrido, entre otros delitos, en influencia indebida en la adjudicación cuando consultó con miembros del chat una determinación electoral que debía tomar. De hecho, a los funcionarios referidos a la OPFEI por Justicia también se les relacionaba con la posible comisión de ese delito.


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