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La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, sentenció este viernes a Juan Maldonado de Jesús a cuatro años de probatoria y a pagar una multa tras declararse culpable por tentativa de fraude, falsificación de documentos e impostura en el caso de la compra de pruebas de COVID-19 en 2020, informó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
Maldonado de Jesús representaba a la empresa Apex General Contractors al momento de gestar la compra de las pruebas rápidas para detectar el coronavirus que provocó la declaración de una pandemia.
Además de los cuatro años de probatoria, Maldonado de Jesús pagará una multa de $10,000 para cubrir los gastos incurridos por la Opfei durante el proceso.
A Maldonado de Jesús se le imputó ser el abogado gestor del controvertible contrato otorgado por el Departamento de Salud a la referida empresa de construcción por la cantidad de $38 millones de fondos públicos, con la intención de adquirir “pruebas médicas rápidas que detectaran el coronavirus”.
El contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2020 durante la administración de la convicta gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien recientemente fue indultada en otro caso federal por el presidente Donald Trump.
1 / 14 | Los rostros detrás de la compra de las pruebas de coronavirus. La vista de la de la Comisión de Salud de la Cámara fue presidida por el representante Juan Oscar Morales. - Ramón “Tonito” Zayas
Según la Opfei, posteriormente, “el acuerdo fue cancelado luego de que un banco detuvo la millonaria transacción de la ilegal compra a sobreprecio de un millón de pruebas a una empresa sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos”.
“En enero de 2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió indefinidamente a Maldonado de Jesús del ejercicio de la abogacía y la notaría tras determinar que falsificó la firma del dueño de Apex General Contractors en un documento relacionado con la compra de pruebas COVID-19, constituyendo una grave violación a la ley notarial”, añadió la Opfei en el escrito.
En la etapa preliminar del caso, en 2021, los abogados de Maldonado de Jesús cuestionaron la jurisdicción de la Opfei sobre su cliente y argumentó que la dependencia no podía encausarlo al no ser un funcionario público.
El Tribunal Supremo sostuvo y validó el poder de la entidad y sus fiscales especiales independientes, para obtener la convicción del acusado, gestionada por los fiscales especiales independientes Ramón M. Rosario Mendoza y Zulma I. Fuster Troche.
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