¿Una decisión unilateral?

Cuando la Junta de Supervisión Fiscal anunció la reducción de la jornada laboral en el sector público, el gobierno lució asombrado y en claro rechazo a la directriz. El organismo federal, en cambio, señaló que desde marzo de este año, cuando certificó el Plan Fiscal, la disminución en la jornada sería aplicada si el gobierno estatal no lograba presentar la reserva de ahorros tangibles. Ahora, tras no cumplir con los números, la Administración Rosselló continúa “sorprendida” y en negación ante la reducción pautada para septiembre. El gobernador asegura no tener nada que ver con la medida que afectará a sobre 135,000 empleados públicos, cuyos ingresos se reducirían en hasta 10% al mes. Insistiendo en que la decisión es de la Junta, el primer ejecutivo mira al horizonte. Tal vez, a Washington, donde misiona la comisión que busca la estadidad.