Wilbert López Moreno

Tribuna Invitada

Por Wilbert López Moreno
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2018: Año de retos para el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal

El año 2017 será recordado en nuestra historia política, económica y social como el “año del huracán María” y el interregno provocado en todas las instancias de la vida cotidiana de nuestro Pueblo. Será un antes y un después de “María” para los individuos, las instituciones públicas y privadas. Toda una sociedad mirando hacia un futuro colmado de muchas interrogantes.

El 2018 comienza con un nuevo Plan Fiscal, una litigación cuestionando la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una reforma contributiva federal con un Puerto Rico “foráneo o extranjero”, pueblos con falta del servicio de energía eléctrica y un país con menos población, 22,000 estudiantes menos matriculados en el servicio público de un semestre escolar a otro, menos empleos, menos negocios, menos recaudos fiscales. Con un gobierno azotado por la debacle administrativa y de infraestructura gubernamental causada por la falta de experiencia en la gobernabilidad de un país destrozado por “Irma y María” y una quiebra financiera y fiscal.

Desconocemos cuáles serán los parámetros del nuevo Plan Fiscal. No podemos olvidar que continuamos bajo la ley "Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act" (PROMESA) que requiere cuatro presupuestos balanceados por cuatro años seguidos y una JSF reclamando cada vez más poderes fiscales al Congreso de los Estados Unidos de América. Está por verse a cuantas de las entidades sujetas a PROMESA se le solicitarán un plan fiscal como preámbulo a la radicación de un caso de Título III durante este año. Estamos ante un Congreso norteamericano de mayoría republicana para el cual Puerto Rico ha pasado a un segundo plano y estará en las manos del Comité de Recursos Naturales el establecer mayores controles de fiscalización en el uso de los fondos federales y mayores poderes a la JSF.

 El Gobernador Ricardo Rosselló Nevares, demócrata, continuará en el 2018 su lucha ideológica con la Comisionada Residente, republicana, Jennifer González, quien está alineándose en el Partido Nuevo Progresista con sectores afines a un Congreso y un presidente republicanos, de la mano del senador republicano Marcos Rubio, para tomar las riendas políticas e ideológicas del movimiento anexionista con miras al 2020.

Los Títulos III del Commonwealth of Puerto Rico y de otras cuatro entidades gubernamentales ya han sometido las listas de todos sus acreedores. Se espera que para mayo del 2018 se establezca la fecha limite (“Bar date”) para que cada acreedor que entienda que su reclamación es distinta a la que incluyeron en la lista de acreedores someta su reclamación o “Proof of claim”. En una Orden emitida por la juez Laura Taylor Swain que afecta adversamente al Sistema de Retiro del ELA, ésta ordena al deudor continuar pagando los intereses a los bonistas del Sistema de Retito del ElA de forma prorrateada a partir de enero del 2018, una cantidad monetaria que suma un promedio de $13.8 millonesmensuales, afectando aún más las débiles arcas de los sistemas de retiro y su plan fiscal.

Los acreedores de bonos y compañías de seguro de bonos del gobierno son los acreedores mayoritarios que recibirán de acuerdo con la clasificación de su deuda una parte mayor del pago de sus obligaciones dependiendo del porciento a pagarse en el Plan de Ajuste Fiscal de cada una de las entidades en quiebra que apruebe el Tribunal Federal. Lamentablemente hay muchos acreedores como suplidores y contratistas del gobierno, demandantes con sentencias a su favor y muchos otros acreedores no asegurados que no podrán cobrar sus reclamaciones o recibirán una cantidad ínfima de sus obligaciones. Una situación deplorable para la que hay que estar preparado en los casos de quiebra a favor del deudor y perjudicial para todos los acreedores.

El 2018 será un año de muchos retos para las Corporaciones Foráneas y la industria de la manufactura. Los nuevos impuestos establecidos por la reforma contributiva de los EUA y la clasificación de Puerto Rico como un “país extranjero” con mayores impuestos tendrán un impacto negativo en la permanencia de estas empresas en la Isla. Afectando considerablemente los empleos manufactureros directos e indirectos y los recaudos fiscales del Departamento de Hacienda durante los próximos años. El gobierno y el sector manufacturero privado tendrán que hacer los ajustes necesarios en sus finanzas para sobrevivir a este nuevo huracán que puede compararse a la eliminación de las 936 bajo el gobierno de Pedro Juan Roselló González.

Por otro lado, el Gobierno de Rosselló Nevares continuará este año 2018 con la reducción de las agencias públicas y con la aplicación de la ley del “empleador único”, “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” para los empleados públicos y la “Ley de Transformación y Flexibilización Laboral” – conocida como la reforma laboral – para los empleados del sector privado. Legislaciones que afectarán la estabilidad y reducción de todos los sectores laborables provocando una mayor emigración a los Estados Unidos.  Toca a las uniones, asociaciones de empleados y a la sociedad civil el velar porque no se afecten los derechos adquiridos de todos nuestros empleados a través de los largos años de lucha sindical y laboral.

Recibimos un nuevo año 2018 con grandes retos políticos y económicos para un pueblo que ha luchado por mantener su idiosincrasia cultural y social a través de todas las vicisitudes recibidas durante sus siglos de historia. A pesar de todo, Puerto Rico ha demostrado ante el mundo que un pueblo unido jamás será vencido. 

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