Sara Benítez

Punto de vista

Por Sara Benítez
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A 30 años de la Ley 54

Hace ya 30 años que Puerto Rico reconoce que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad, así como una de las manifestaciones más críticas de los efectos de la inequidad en las relaciones entre parejas. A pesar de que hubo mucha oposición de los políticos, el 15 de agosto de 1989, a través de la lucha de organizaciones feministas y de servicios, Puerto Rico se convirtió en uno de los países pioneros en toda América Latina y el Caribe en aprobar un estatuto para proteger la vida de las víctimas de violencia.

La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54, es un instrumento fundamental de derechos humanos. A su amparo, las mujeres y sus comunidades, así como las organizaciones de base comunitaria, han desarrollado múltiples proyectos. Han sido pioneras en crear albergues, dar servicios, obtener fondos y proveer recursos humanos para que exista una red en Puerto Rico que protege y apoya a las sobrevivientes y sus hijas/os. A 30 años, es importante recordar la fundación, en 1996, de la Escuela de Capacitación Legal que, en alianza con el Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico y la Coordinadora Paz para las Mujeres, capacitó a más de 100 intercesoras legales. Como resultado, en 2010 se aprueba la Resolución 42 de la Administración de Tribunales que permite la presencia de las intercesoras en las salas de los Tribunales de Puerto Rico.

Tenemos muchos otros logros; el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) desarrolló los protocolos de intervención con la violencia doméstica y agresiones sexuales en las salas de emergencia. En 2001, la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres estableció la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, la Agresión Sexual y el Acecho (CNEV), compuesta por organizaciones de servicio, agencias gubernamentales y la Administración de los Tribunales.

Se ha recorrido un largo camino, pero también ha habido fallas en la implantación de la Ley 54. Faltan recursos económicos, particularmente para la prevención. A pesar de los adiestramientos, subsisten las actitudes sexistas, machistas, homofóbicas y fundamentalistas por parte del funcionariado del sistema. Faltan procesos claros y eficaces para procesar los casos y evitar la revictimización de las mujeres, y la pérdida de información o evidencia vital para lograr el veredicto de culpabilidad de los agresores y proteger a las víctimas/sobrevivientes durante el proceso.

Se hace urgente declarar un estado de emergencia nacional y desarrollar un plan integral para atender puntualmente la intervención y la prevención de la violencia de género. El mismo debe desarrollar estrategias básicas de coordinación interagencial y equipos multidisciplinarios que permitan ofrecer una respuesta verdaderamente comunitaria al problema de la violencia doméstica.

Para atender adecuadamente el ámbito de la prevención y ante los discursos que acentúan la inequidad, el discrimen, el incremento en la violencia de género, las prácticas racistas, homofóbicas, xenofóbicas, sexistas y machistas, el Estado debe cumplir inmediatamente con la Ley 108 de mayo de 2006, que establece una educación con perspectiva de género. Esta es una estrategia medular y basada en evidencia para educar a nuestra niñez y juventud sobre la equidad, el respeto a las personas, las relaciones interpersonales efectivas, los derechos humanos y las formas pacíficas de resolver los conflictos, entre otros temas relacionados.

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viernes, 6 de septiembre de 2019

Declarar un Estado de Emergencia con perspectiva de género

El reclamo de las organizaciones de mujeres y feministas es que se emita una orden ejecutiva que establezca un plan a corto plazo de implantación inmediata y concreta. Una alerta no es lo que necesitamos para atender el problema

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