Jorge R. Roig

Punto de Vista

Por Jorge R. Roig
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Abanico de posibilidades en la audiencia

El Tribunal Supremo federal escucha hoy la argumentación oral en cuanto a la validez constitucional de los nombramientos a la Junta de Control Fiscal bajo la ley federal Promesa. A la luz de ello, la discusión pública ha girado en torno a varias vías que podría tomar ese Tribunal para confirmar la validez de dichos nombramientos, de una parte, o declararlos nulos, de la otra.

Algunas posibilidades apuntan a cambios dramáticos en la doctrina constitucional aplicable a Puerto Rico, para bien o para mal. No obstante, debemos administrar un poco nuestras expectativas y considerar que es poco probable que el alto foro acoja una solución extrema a los asuntos planteados.

En primer lugar, se ha discutido públicamente la posibilidad de que el Tribunal Supremo reconsidere, limite o revoque algunos de los Casos Insulares. En dicha línea de casos, que fueron resueltos hace más o menos un siglo, dicho foro creó la notoria distinción entre los territorios incorporados y los territorios no-incorporados. Explicó que estos últimos, entre los cuales figura Puerto Rico, no gozan necesariamente de todas las protecciones contenidas en la Constitución de Estados Unidos.

Importantemente, el Tribunal Supremo basó sus decisiones sobre esos casos en su visión de los habitantes de algunos territorios, incluyendo a los puertorriqueños, como inherentemente inferiores a los habitantes de los diversos estados de la Unión. Esta visión que muchos hemos considerado totalmente repugnante definitivamente amerita un rechazo institucional. Sin embargo, dada la composición actual de la Corte, y los vientos reaccionarios que acaparan la política estadounidense ahora mismo, considero poco probable que el Tribunal dé el paso valiente que conllevaría revocar esta doctrina anacrónica e injusta.

Por otra parte, se ha planteado la posibilidad de que el Tribunal Supremo acoja la posición que asumió el Primer Circuito en Boston y reconozca la aplicabilidad a Puerto Rico en su totalidad de los requisitos de la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal. Bajo este escenario, se arguye, quedaría en entredicho la legitimidad constitucional del puesto de gobernador, así como de muchos otros puestos gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En otras palabras, se plantea la posibilidad de que el Tribunal Supremo deje a Puerto Rico sin gobierno local. Una vez más, no le veo gran probabilidad a esta alternativa. El Tribunal Supremo no acostumbra a emitir opiniones que tengan consecuencias tan extremas, sino más bien intenta limitar el alcance de sus pronunciamientos y resolver solo aquellos asuntos que están definitivamente ante su consideración.

En su lugar, esperaría que el Tribunal Supremo optara por minimizar y distinguir. Nada impediría que el foro judicial simplemente regresara a los precedentes más recientes, bajo los cuales ha reconocido un poder plenario del Congreso para reglamentar los asuntos locales de los territorios, y en específico, Puerto Rico.

Las opiniones recientes del Tribunal Supremo sobre Puerto Rico no brindan gran esperanza en cuanto a la posibilidad de que dicho foro haya sobrepasado sus actitudes, honestamente, discriminatorias hacia el pueblo de Puerto Rico. Más bien, las experiencias recientes apuntan hacia todo lo contrario. Sería, claro está, una grata sorpresa que los Casos Insulares, como muchas otras equivocaciones, pasaran por fin a ser solo un triste legado histórico. No obstante, aunque es cierto que la esperanza es lo último que se pierde, también es cierto que el que maneja apropiadamente sus expectativas se inmuniza contra la decepción.

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