Ángel Rosa

Punto de vista

Por Ángel Rosa
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Abran la puerta, es el FBI

Las autoridades federales han comenzado a hacer buena su oferta de darle “pon en el asiento trasero de un vehículo oficial del FBI” a funcionarios y contratistas gubernamentales señalados en sus investigaciones de corrupción.  En un operativo sin precedentes, los federales arrestaron en la misma mañana a la ex secretaria de Educación, Julia Keleher; la ex directora de ASES, Angie Ávila Marrero;  el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer y al contratista de la firma de asesoría financiera BDO, Alberto Velázquez Piñol. Todos son mencionados en informaciones filtradas a la prensa en los pasados meses.

Velázquez Piñol y la empresa que dirige Scherrer parecen ser denominadores comunes de alegados esquemas de pillaje perpetrados en las dos agencias con la mayor tajada en fondos federales del gobierno de Puerto Rico.

Señalados en informaciones de prensa y no arrestados quedan el ex director de campaña del gobernador Rosselló, exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal y cabildero, Elías Sánchez; así como el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado -destituido fulminantemente cuando alegó ser víctima de un esquema de extorsión en su contra y denunció la existencia de una mafia en ese departamento.

Estos arrestos y los que ocurrirán en los próximos meses son el puntillazo final para una administración de gobierno asediada por problemas de incompetencia y falta de transparencia en su gestión.  Para el PNP, significan el regreso del fantasma de la corrupción que caracterizó la administración del primer Rosselló en los últimos años del siglo pasado.  

Al interior de la Palma se va a desatar una ola de canibalismo político que tendrá el efecto de disolver cualquier posibilidad de reelección para Ricardo Rosselló.  Los presidentes camerales, también en el ojo federal por esquemas de contrataciones fantasma, comenzarán una operación de para salvar sus posibilidades de supervivencia dentro de este ambiente de desestabilización del gobierno.  

Los alcaldes, que juegan un papel decisivo en el PNP, continuarán enviando señales contundentes de que ha llegado la hora de buscar un nuevo candidato para el 2020. Mientras tanto, la comisionada residente continuará su estrategia de alejamiento amistoso ante un gobierno en el que todas las semanas alguien comete un error costoso.

El cuadro es tentador para el PPD y la oposición.  Todo pareciera caerles en las manos sin mayor esfuerzo. Alguien diría que lo único que tienen que hacer es darle espacio a los federales para terminar de arrestar a los corruptos del PNP. Sin embargo, el PPD haría mejor demostrando mesura y control a la hora de sacar ventaja política de la debacle PNP.  Después de todo, la prensa también ha publicado filtraciones sobre investigaciones en municipios rojos. Y la ola de arrestos está aún comenzando.  

Las palabras del fiscal Guillermo Gil Bonar en 2000, retumban hoy como un eco diabólico en la tragedia política puertorriqueña.  Sólo que 20 años después, la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido; se llama inversionismo político.


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