Eudaldo Báez Galib

Tribuna invitada

Por Eudaldo Báez Galib
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Absurdos legislativos

Recientemente se aprobó en la Cámara una pieza para crear la “Comisión de la Igualdad”, imitando al Plan Tennessee, forzando representación congresional (P. de la C. 876). Otra para “garantizarle a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico a votar por el Presidente y Vicepresidente” (P. de la C. 851). Y otra para no pagar los salarios en la Universidad, por razón de la ya acabada huelga (P. de la C. 1089). Las tres están constitucionalmente enfermas.

En cuanto a esa Comisión de Igualdad, si fuera un ente no gubernamental, no habría impedimento. Pero al instituirse con fondos públicos riñe con la Sección 9, Cláusula VI, de la Constitución, que prohíbe la utilización de fondos públicos para actividades e instituciones que no sean del Estado, como el Plan Tennessee.

Y en cuanto al voto presidencial, está aún fresco en nuestra historia el intento de celebrarse aquí una elección presidencial, según la Ley de Elecciones Presidenciales del 2000, que luego de recorrer los tribunales federales y nuestro Tribunal Supremo, fue declarada inconstitucional. En lo federal, porque no existe para nosotros un derecho a ese voto y en nuestro Tribunal, además, porque ilegalmente utilizaba fondos públicos para fines partidistas.

El caso que rechaza la elección presidencial dispone de ambos proyectos, pues “…implicaría promover una farsa electoral de descomunal proporción y perpetuar una ficción que tiene como eje central una votación no permitida por la Constitución estadounidense según concluido por el tribunal federal…” Subraya que “no tiene un fin público discernible ni definido, es evidente que su propósito es únicamente político partidista…”.

En fin, no existe un derecho a la votación presidencial y la Comisión no está contemplada legalmente a nivel local ni federal.

Finalmente, leída la opinión de Justicia en torno a no pagar salarios al personal de la UPR y atendido el proceso cameral, preocupa la ausencia de la seminal directriz constitucional a no menoscabarse por el Estado los contratos públicos y privados. Esa Sección 7 del Artículo II de nuestra Constitución protege los contratos de profesores y empleados. ¡Asumo que la ausencia es por olvido!

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