Patricia Noboa

Punto de vista

Por Patricia Noboa
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Acceso a una recuperación digna a dos años de María

El 61% de las familias en Puerto Rico enfrentaron obstáculos para recibir asistencia financiera de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), principalmente por la dificultad para probar que son dueñas de sus viviendas. A estas alturas, siguen imposibilitados de reparar sus hogares por la complejidad burocrática de los procesos establecidos por la agencia. A dos años de María, tras la aprobación de fondos federales CDBG-DR, cuyo propósito principal es asistir en la recuperación digna de estas familias, el Departamento de Vivienda crea el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3). Este está dirigido a personas cuyas viviendas aún no están en condiciones habitables o no pudieron acceder a los fondos de recuperación luego de los huracanes. 

Sin embargo, este programa exige que, para poder completar la fase de reconstrucción, el o la solicitante presente documentación como evidencia de titularidad, nuevamente dejando desprovistas a las mismas comunidades. Si no cuentan con la documentación para demostrar que son dueñas de la vivienda, de lo que queda de sus techos, se les exige pasar por los mismos escollos que, a 27 meses del desastre, los mantienen imposibilitados de llevar sus hogares a los mínimos estándares de habitabilidad. De no poder cumplir, Vivienda puede referir el caso al programa de Autorización de Títulos, para que obtenga un título perfeccionado antes de poder recibir la asistencia, esto con muchos más requisitos, incluyendo la posibilidad de reponer el dinero invertido en el proceso “si el solicitante no coopera”. Con tantos requisitos para recibir la asistencia a la que tiene derecho en un periodo de tanta necesidad, quienes no logren cumplirlos, serán las mismas personas que no han recibido asistencia o ha sido mínima la que han recibido. 

Estas condiciones impuestas por Vivienda generan la necesidad de servicios legales dirigidos a atender asuntos de tenencia y titularidad. Aunque Vivienda ofrecerá apoyo en los procesos para formalizar los títulos de propiedad, no ocurrirá de igual forma para toda persona que solicite, particularmente casos como el barrio de San Isidro en Canóvanas. Esta, igual que otras comunidades, ubicadas en terrenos de una agencia gubernamental, como el Departamento de Vivienda, quedarían una vez más desprovistas de asistencia, ya que las gestiones previas que requieren la formalización de un título aún no están contempladas en los planes gubernamentales, por lo que imperan al momento la desinformación y la incertidumbre en los residentes. Como sabemos, una de las razones principales por las que la asistencia financiera se ha obstaculizado, es que las agencias federales y estatales ven a estos residentes como “invasores de terrenos", evadiendo así la responsabilidad del Estado de garantizar un derecho fundamental como lo es el derecho a la vivienda. 

Belinés Ramos y Gabriela Camacho, abogadas de la Clínica Legal Psicológica, Universidad de Puerto Rico, Cayey, son co-autoras de esta columna.

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