Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Acceso sin trabas a la salud

¿Cuánto vale la salud de los ciudadanos no cobijados por el plan de salud del gobierno? La inmensa mayoría de los ciudadanos en Puerto Rico que no son beneficiarios de la reforma está a merced de los criterios de las aseguradoras por encima de los diagnósticos de sus médicos, y una medida legislativa que busca atender el problema languidece en La Fortaleza, en espera de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la firme.

El Proyecto del Senado 27 enmienda la Ley del Procurador del Paciente para darle a este funcionario injerencia sobre los pacientes de planes médicos privados. Actualmente, el procurador del paciente solo puede representar a los beneficiarios de la reforma de salud del gobierno.

Específicamente, la medida pretende eliminar la espera injustificada por preautorizaciones a la que las aseguradoras someten a los pacientes de planes privados, en muchas ocasiones contraviniendo las determinaciones de los médicos. Hay casos en los que se pone en peligro la vida del paciente al no autorizarse cirugías, procedimientos, pruebas radiológicas o de laboratorio, e incluso medicamentos recetados.

La medida, a la que se oponen las aseguradoras y que no es vista con buenos ojos por el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, cuenta con el respaldo de prácticamente todos los integrantes del sistema de salud en Puerto Rico.

El Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Hospitales, la AARP, la Sociedad Americana contra el Cáncer, la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, la Cooperativa Puertorriqueña de Gastroenterólogos, la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y la Asociación de Alzheimer, entre otras organizaciones, publicaron el lunes un anuncio exhortando al gobernador Rosselló Nevares a firmar el proyecto.

El mensaje de estas prestigiosas entidades fue contundente: “Permita a nuestros pacientes tener acceso rápido y sin trabas a nuestros médicos, hospitales y otros proveedores de salud sin tener que estar esperando horas, y hasta días, por decisiones de terceros”.

Correspondería al secretario de Salud llevar la voz cantante en favor de la firma de este proyecto, que favorece a los pacientes por encima de las aseguradoras y que elimina el discrimen contra aquellos que no son beneficiarios del sistema de salud pública. Estos sufren la inequidad de que, además de pagar un plan de salud privado, no reciben los servicios por los que pagan y carecen de la protección del procurador del paciente.

El secretario Rodríguez Mercado, señalado como un defensor de las aseguradoras, es visto con escepticismo por sus propios colegas y otros proveedores de servicios de salud.

Cuando el gobernador Rosselló Nevares lo designó, el doctor Rodríguez Mercado anunció que renunciaba al sueldo que conlleva el cargo de secretario de Salud y que seguiría ejerciendo como neurocirujano en el Recinto de Ciencias Médicas, del que cobra $104,000 anuales, y manteniendo su práctica con pacientes de neurocirugía en el Centro Médico, donde presta servicios subespecializados que suelen estar muy bien cotizados.

Parece obvio que sus múltiples responsabilidades profesionales le restan espacio para desempeñar su cargo de secretario de Salud, una función que debería ocupar su tiempo completo en vez de ser un trabajo “part-time”.

Las aseguradoras, que cuentan con el apoyo del secretario de Salud, también han sido señaladas como responsables de la fuga de médicos y otros profesionales de salud, debido a las bajas tarifas que les pagan por sus servicios, a la demora en realizar los pagos y a la potestad absoluta que tienen para denegar preautorizaciones.

El doctor Rodríguez Mercado debe explicar porqué se opone al Proyecto 27 del Senado, que promueve el fortalecimiento de la relación médico-paciente, actualmente afectada en el caso de los planes privados.

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