Emilio Nieves Torres

Punto de Vista

Por Emilio Nieves Torres
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Aciertos y desaciertos al cierre del año escolar

El documento emitido por el secretario de Educación, Eligio Hernández, para adelantar el cierre del año escolar en curso provocó reacciones econtradas. Establece que el proceso académico culmina del 1 al 8 de mayo, pero dispone que otras actividades administrativas, así como tareas magisteriales se prolongarán hasta el 5 de junio.  

Era de esperarse que se confirmara que, en medio de la emergencia del COVID-19, no era posible volver a las clases presenciales. Muchos estudiantes que acogieron la dinámica de educación a distancia, al enterarse que el titular de Educación estableció que los alumnos que no participaron de ese proceso educativo podrán aprobar los cursos cuestionaron la decisión. De inmediato, se plantearon “¿para qué esforzarme, si comoquiera iba a pasar de grado?” Evidentemente unos estudiantes lograron participar de la educación a distancia en contacto con sus maestros, pero otros, por diversas limitaciones, estuvieron excluidos del proceso.

Hay que reconocer que el proceso de educación a distancia, sin planificación y sin adiestramientos, ha sido muy complejo. El Departamento de Educación (DE) exigió que los maestros, con sus dispositivos y su internet, se pusieran en contacto con los estudiantes y les enviaran tareas con referidos a módulos o utilizando aplicaciones cibernéticas. 

Sin embargo, los directores escolares y el personal administrativo del DE no lograron documentar cuántos estudiantes lograron interactuar en línea con los maestros, cuántos alumnos estudiantes tenían dispositivos para cumplir a distancia las tareas asignadas y cuántos acumularon puntos para su evaluación. Tampoco se documentó cuántos estudiantes eran candidatos a ser promivos de grado o cuántos fracasaban, entre otros datos.  

Es un error emitir un documento de cierre de año escolar sin contestar estas preguntas que son la guía para la toma de decisiones. 

Por eso, el secretario de Educación emite un documento que tiene aciertos y desaciertos. Es acertado reconocer el esfuerzo realizado por maestras y maestros “a pesar de no contar con las herramientas y accesos adecuados” para ofrecer la educación a distancia.  También es un acierto determinar que no se penalizará a los estudiantes “por no tener disponibles los recursos, herramientas o alternativas”. Este criterio también debe ser aplicado a los docentes.

Por otro lado, aquellos estudiantes que no pudieron participar de la educación a distancia y que al cabo de las 20 semanas completadas en diciembre de 2019 eran candidatos a fracaso pasarán de grado o apruebarán el curso. Esto puede parecer razonable, pero no necesariamente es justo para ese estudiante, ni para los otros estudiantes que realizaron tareas en este period. Tampoco es justo para el maestro. 

Posiblemente el estudiante fracasado, clasificado como “promovido condicional”, necesita repetir el grado o el curso y no se le hace bien pasándolo de grado o registrando que ha aprobado el curso. 

Toda esta situación la provoca una agencia gubernamental que le falló a los estudiantes al no buscar alternativas a tiempo para proveer dispositivos y servicio de internet a los estudiantes. Tampoco se esforzó para establecer un acuerdo colaborativo con WIPR, la estación del gobierno que tiene una misión educativa con el país y señal que puede llegar a cada hogar. 

Los funcionarios administrativos del Departamento de Educación no acaban de aprender que las medidas a implantarse en el servicio educativo deben considerar el criterio profesional de los que están en el terreno de juego


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