José Pepín Rodríguez

Tribuna Invitada

Por José Pepín Rodríguez
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Acuerdo para lograr la recuperación

Después de sufrir durante años dificultades financieras muy severas y de experimentar uno de los huracanes más brutales en nuestra historia, es un alivio ver que, finalmente, hay algunos avances en el camino hacia la recuperación económica de Puerto Rico.

Los representantes del gobierno de Puerto Rico y Cofina ante la jueza Laura Taylor Swain nos dieron buenas noticias al ponerse de acuerdo para resolver su litigio sobre a quién pertenece el recaudo del IVU.

El acuerdo en principio al que han llegado le permitiría al gobierno reestructurar Cofina y tener acceso a miles de millones de dólares en ingresos nuevos en las próximas décadas. También asegura que los tenedores de bonos de dentro y fuera de la isla vean una recuperación adecuada del valor de sus bonos, de acuerdo con el tipo de instrumento que hayan adquirido.

Ha surgido un debate sobre el acuerdo y el nivel de recuperación para los bonistas de Cofina senior y subordinados, pero no perdamos de vista el panorama más amplio. Este acuerdo significa que evitaremos años de batallas judiciales que solo prolongarían más la incertidumbre financiera y económica que enfrentamos. Cualquiera que haga un balance de lo desastrosa que quedó nuestra red eléctrica y de la infraestructura tan maltratada que tenemos, sabe que necesitamos este acuerdo como un trampolín para resolver los desafíos tan grandes que impactan nuestra vida diaria.

En términos económicos del acuerdo incluyen que la deuda de Cofina se reducirá entre $11 mil millones y $12 mil millones, dependiendo de las negociaciones finales con la Junta de Supervisión Fiscal. Los dineros provenientes del IVU que pertenece a Cofina se reducirá casi a la mitad y el fondo general del Estado Libre Asociado debe comenzar a recibir cientos de millones al año de dinero nuevo. Ese dinero se puede invertir en proyectos nuevos orientados al crecimiento económico, para financiar servicios sociales y compensar a otros acreedores no asegurados, así como a las partes interesadas del gobierno.

Otro punto clave es que la reestructuración de $7 millones a $8 mil millones en reducción de la deuda, producirá una recuperación de aproximadamente $0.65 para Cofina. Esa es una cantidad razonable que no está ni cerca de las cifras falsas de recuperación que han tratado de comunicar otros bonistas para desacreditar el acuerdo. El nivel de recuperación se anticipa bueno para los seniors y los dueños de bonos subordinados. Las propuestas intercambiadas entre los acreedores de Cofina incluyen tasas de recuperación para los bonos subordinados que son, mínimamente, 20% más altas que la tasa promedio de $0.37 para los acreedores junior asegurados, que es la cifra publicada en 2012 en un estudio de la Reserva Federal.

Con el acuerdo, los tenedores de bonos de Cofina también podrán comenzar a recibir, nuevamente, pagos por intereses, lo cual representa una fuente de ingreso importante para muchas personas. Este es un desarrollo particularmente positivo en Puerto Rico, donde los bonistas locales tienen bonos de Cofina en una proporción de 7 a 1 en comparación con los bonistas de Obligaciones Generales. Cuanto antes se pueda finalizar un acuerdo, más pronto muchos puertorriqueños tendrán más dinero para sus gastos. Esto también beneficia nuestra economía.

Por último, es importante separar los hechos de la ficción al evaluar si el representante del gobierno aseguró condiciones suficientemente favorables con este acuerdo. Podemos coincidir en que es mejor que sea un representante designado por la corte quien negocie el acuerdo, a que sean firmas de Wall Street las que lo hagan. La negociación entre Cofina y los acreedores de bonos de Obligación General realizada un mes antes del acuerdo en principio vigente hoy entre Cofina y el gobierno, había producido un acuerdo en el que la parte del IVU para el gobierno hubiera ido a parar a estos bonistas casi en su totalidad. El acuerdo actual es más equitativo.

Esperemos que el compromiso de Cofina esté en acelerar que el acuerdo en principio se formalice, en ayudar a reducir la deuda y en traer más efectivo a las arcas del gobierno. El acuerdo también es una manera de ayudar a la Junta de Supervisión Fiscal a resolver otros casos judiciales por la vía de la negociación. Este es exactamente el tipo de movimientos que necesitamos tras más de catorce meses en bancarrota.

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